No ha durado ni una semana la alegría de la Moncloa tras sacarse el conejo de las elecciones del 21 de diciembre de la raída chistera del 155. Mediante el muy reprobado Fiscal General del Estado, fiel ejecutor de las decisiones del Gobierno, acaba de enviar a prisión incondicional al gobierno legítimo de la Generalitat, según recordaba ayer la alcaldesa del ayuntamiento de Barcelona. Claro está, por violar la legalidad, reiteran los leguleyos de la virreina española de Cataluña, doña Soraya Sáez de Santamaría, olvidando que durante más de una docena de años han cerrado todos los cauces legales a la sociedad catalana. Si es indudable el procesamiento, no lo es la calificación penal de los delitos ni por supuesto su ingreso en la cárcel. Sobre todo cuando la hermana y el cuñado del Rey siguen libres, o sobrecogedores como Rajoy presiden el Gobierno. Mucho menos, desde luego, retomar la estrategia de la tensión cuando la calma ha vuelto a las calles catalanas. A unos cincuenta días de las elecciones impuestas por el 155, es una provocación en toda regla. La pregunta obligada es ¿por qué y para qué provoca Rajoy ?.

La respuesta remite a otra interrogante que, probablemente, se plantean los estrategas de la derecha, ¿cómo darle la vuelta a la recomendación de Donad Tusk sobre la imperiosa necesidad de que la Moncloa no reedite la violencia bochornosa que protagonizó el pasado 1 de Octubre, comandada por la hoy virreina de la Generalitat ? Rajoy sabe bien que empapelar de la noche a la mañana a todo el Govern es el camino más recto para que la respuesta social reaparezca en toda su crudeza. Máxime, cuando los principales dirigentes del soberanismo catalán, pese a sus reiteradas llamadas a la calma ciudadana, no están hoy en condiciones de poder encauzar estas protestas por encontrarse enchironados. Es bastante obvio que se busca alterar la normalidad fomentando la movilización social contra esta larga cuerda de presos de la Moncloa. No les bastaba con los dos Jordis, ni les basta con el Govern, ni tampoco les bastará con la Mesa del Parlament que ingresarán en el aniversario del 9-N.

Su problema, el de Rajoy y sus bufones de Corte, es que el cuento de la lechera electoral del 21 de diciembre no les sale. Hasta el mismo Jaime Mayor Oreja, que siempre sabe de lo que habla sobre el nacionalismo sea vasco o catalán, les advierte que están a minuto y medio de repetir el fiasco del PPSOE habido en Euskadi cuando él mismo, en compañía de Nicolás Redondo, fue derrotado por Ibarretxe en el 2001. Ni con la ayuda de algunos viejos mascarones de proa de la izquierda, como ocurre en Cataluña, pudieron vencer en aquellas urnas vascas que creían ganadas de antemano. Mucho más en las catalanas donde no hay violencia y, además, cuentan con los Comunes (Adela Colau) que rompen los discursos frentistas. Tensar la situación preelectoral, retirando a todos los candidatos soberanistas, presos por hallarse en prisión provisional, es el medio más rápido para evitar que, por ejemplo, Esquerra de Cataluña mañana pueda ocupar la primera posición electoral que le asignan todos los sondeos.

Rajoy no puede quitar el pié del acelerador catalán si desea mantener impotente a la izquierda. En tan sólo dos meses de la guerra de banderas ha conseguido pulverizar a las fuerzas que se reclaman de izquierda y, por lo tanto, impedir las más mínima opción alternativa al gobierno corrupto de los partidos dinásticos. Cronificando la cuestión nacional catalana, donde una parte de la izquierda se sitúa junto al rancio nacionalismo español o catalán, la división se convierte en estructural. Objetivo muy imprescindible para la Moncloa si quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado a comienzos de 2018, dado que hoy el PNV no traga ni puede tragar con la liquidación de las instituciones de la Generalitat, pese a ese talón de unos 5000 millones de euros con el que intentan comprar al Lehendakari Urkullu. Atornillando aún más a un PSOE predispuesto a ser hoy carcelero del Govern como ya lo es de los Jordis, aseguran los Presupuestos.

El caudillo Rajoy, lo decimos sin ninguna intención peyorativa, necesita consolidar este Movimiento Nacional democrático que ha logrado articular con la cuestión catalana. Ya hubiese querido el dictador Francisco Franco conseguir ayer por las buenas lo que sólo pudo lograr por las malas. Bajo la bandera rojigualda, la Moncloa se ha convertido ya en el eje de esta estructura tripartita, PP, PSOE y Cs, que instrumentaliza el nacionalismo español al servicio de las corruptas élites madrileñas con mucha más eficacia que el anterior trío, la Falange, la Iglesia nacionalcatólica y la Monarquía. La corrupción, la desigualdad social, la irresuelta crisis económica, el hundimiento del Régimen del 78, todo está supeditado a la defensa de una unidad del Estado español que, hoy por hoy, nadie amenaza salvo que se entienda por tal el total reconocimiento de los derechos inherentes a una España plural. Nada más oportuno, por lo tanto , que el reprobado mazo del Fiscal General Maza.

Olvidan, sin embargo, que la liberación de los presos políticos fue la principal reivindicación con el que las izquierdas vencieron en las elecciones de febrero de 1936 y que es bastante probable que en Cataluña, salvo que desaten esta cuerda de presos, esta reivindicación podría concretarse en diciembre con la de libertad, estatuto de autonomía y amnistía. Nada más lógico que su recuperación dada la involución preconstitucional en curso. Rajoy lleva al Estado español al desastre como lo hubiera llevado Carlos Arias Navarro si ayer la Zarzuela no le hubiera despedido. Tanto que arriesga el futuro de los Borbones como el de la bandera del Estado. No en vano, hoy los partidos que apoyan la provocación de Rajoy –PP, PSOE y Cs– son monárquicos como los que la denuncian –Podemos, PNV, Pdcat y Esquerra– son republicanos. Esa nítida bifurcación, Monarquía o República, esa dicotomía, la rojigualda o la tricolor, no existía desde 1931. Con el provocador Rajoy empieza a reaparecer.

* Fernando López Agudín : periodista y analista político, especializado en actualidad nacional. Comentarista en medios radiofónicos, televisivos e impresos, desde 2009 observa y analiza desde este blog el panorama político español. Durante la dictadura fue miembro del aparato clandestino del P.C.E., combinó su militancia antifranquista con el ejercicio del periodismo en Mundo Obrero, Radio España Independiente, Hora de Madrid y Revolución y Cultura. En la transición política española comenzó a colaborar en las revistas El Europeo y Triunfo. Dirigió el suplemento político del diario Informaciones y la sección cultural del diario ABC. Más tarde fue director de Informe Semanal, de T.V.E. Del año 1994 al 1996 fue Director General de Relaciones Informativas del Ministerio de Justicia e Interior. Tras su paso por el diario El Mundo como columnista, ha participado en diferentes tertulias de televisión y radio en Madrid y Euskadi.

@lopezagudin

el desconcierto

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al votar en el Parlament
Roser Vilallonga/ACN (ACN)
(Cadena Ser)

EL REDACTOR DEL DELITO DE REBELIÓN NIEGA QUE SE PUEDA APLICAR A PUIGDEMONT

El exparlamentario Diego López Garrido redactó el delito de rebelión en el Código Penal de 1995 e incluyó una enmienda explícita para que la rebelión hubiera de ser "violenta"

López Garrido asegura que no hay encaje penal por rebelión contra los cargos del Govern al no haber habido violencia

Pilar Velasco Cadena Ser Madrid 27-10-2017

El exparlamentario Diego López Garrido puede considerarse el artífice y redactor del delito de rebelión incluido en el Código Penal de 1995. Fue su ponente por Izquierda Unida e incorporó una enmienda clave que evita que se castiguen las acciones independentistas si no se producen mediante el uso de la violencia. Una legislacion que se denominó entonces el ’nuevo código penal de la democracia’ y salió adelante con el acuerdo del PSOE en el gobierno, Izquierda Unida, formación a la que pertenecía López Garrido y los nacionalistas vascos y catalanes.

Dentro de los delitos contra la Constitución, el de rebelión fue el que más debate suscitó. El PNV pedía su suspensión para evitar que la defensa de la independencia pudiera castigarse. López Garrido consideró legítima la defensa de la autodeterminación y quiso dar garantías y seguridad jurídica para quien quisiera defender la independencia.

En el fragor de la discusión parlamentaria, incorporó una enmienda específica para que la rebelion, castigada con hasta 30 años de cárcel, tuviera que ser mediante el uso de la violencia. El exparlamentario recuerda que la transacción triunfó. "Quise dejar claro que el tipo penal de la rebelión es cuando se alza violenta y públicamente".

En la DUI "no hay rebelión"

Ahora, con la querella de la Fiscalía apuntando a la excúpula del Govern por delitos de rebelión, Diego López Garrido asegura que la Declaración Unilateral de Indepencia (DUI) aprobada hoy en el Parlament no encaja de ninguna manera con el delito 472 de rebelión redactado en el Código Penal porque en la fórmula empleada no ha habido violenta.

"El delito de rebelión no es solamente declarar la independencia de una parte del territorio de España. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines contemplados, uno de ellos, la independencia" señala.

Es más, continúa, "con el Código Penal no puedes hacer interpretaciones extensivas, si no muy precisas". En opinión personal de López Garrido tampoco habría sedición, lo que más encaja sería el delito de presunta prevaricación y desobediencia, que son delitos que no llevan aparejada cárcel sino inhabilitación" concluye.

Diego López Garrido explica cómo redactó el delito de rebelión incluyendo la violencia
Cadena Ser 27-10-2017

La Audiencia encarcela el Govern. LOS 10 ’AGUJEROS NEGROS’ DE LA JUSTICIA EN LAS QUERELLAS Y LA PRISIÓN DE LOS INDEPENDENTISTAS

La precipitación de la actuación del fiscal general y de la jueza de la Audiencia contra los miembros del Govern y los de la Mesa del Parlament, en pleno arranque del proceso electoral hacia el 21-D, arrebatando las competencias al TSJC, construyendo argumentos jurídicos "aberrantes" y vulnerando derechos fundamentales y de defensa de los imputados, podría dar al traste con toda la causa si ésta es revisada por tribunales europeos, como parece que acabará ocurriendo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, antes de anunciar una querella contra Puigdemont y el resto del Govern en la Audiencia Nacional y otra querella al Supremo contra Forcadell y la Mesa del Parlament
EFE/ Ballesteros
(Público)

Carlos Enrique Bayo Público Madrid 03-11-2017

La extensa querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los cesados miembros del Govern de la Generalitat y de la Mesa del Parlament, que ya ha conducido a prisión al exvicepresident Oriol Junqueras y a ocho exconsellers, tiene la apariencia de un documento impecable, denso y farragoso por sus abundantes razonamientos jurídicos. Sin embargo, tanto esas argumentaciones como la fulgurante instrucción de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están cuajadas de agujeros negros que podrían invalidarlas.

Especialmente porque las órdenes internacionales de detención cursadas por la magistrada contra el expresident Carles Puigdemont y sus cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas obligará a la intervención de la Judicatura belga, que puede examinar esas actuaciones y motivaciones con una lupa que ponga de manifiesto todas esas contradicciones e irregularidades, que además apuntan a razones y objetivos políticos para esa causa general contra los líderes independentistas catalanes.

Estos son los diez defectos jurídicos más flagrantes de este complejo procedimiento, según fuentes judiciales y letradas consultadas por Público :

1. Precipitación y alteración de los ritmos judiciales

La velocidad imprimida por Maza y Lamela a las actuaciones contra los encausados es tan desmesuradamente precipitada que en la práctica está negando las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, según han denunciado magistrados y juristas. Además, esto es algo muy peligroso en términos de jurisprudencia, ya que se van a santificar procedimientos judiciales extremos que hasta ahora no habían sido aceptados en ninguna causa anterior.

Para empezar, los ritmos judiciales normales son mucho más lentos que los de las decisiones y medidas políticas, precisamente porque los magistrados siempre apelan a la necesidad de sosiego, estudio y respeto de las garantías procesales. Así, en el caso de cualquier otra querella el juez no llama a declarar de inmediato al querellado, sino que lo convoca primero para darle copia de ella y de los documentos en los que se fundamenta, momento en el que lo (o la) cita para tomarle declaración más adelante, cuando haya podido estudiar las acusaciones con ayuda de su defensa letrada.

Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha modificado parcialmente hace bien poco, en 2015, para dejar claro que hay derecho a tener el atestado antes de ser llamado a declarar. Por supuesto, siempre es preciso dar antes traslado de la propia querella, pero también del atestado que la acompaña, porque cada uno de los querellados tiene que poder ver no sólo lo que se dice de él/ella sino también de lo que se dice de los otros implicados.

En consecuencia, no es de recibo que se cite a los procesados en un festivo y que reciban esa citación menos de 24 horas antes de la cita para declarar ante el juez, sin haber tenido tiempo para estudiar una querella tan compleja.

2. Actuación judicial contra políticos en plazo electoral

Delitos electorales recogidos en la LOREG, incluido el de "perjudicar a un candidato".

Aunque no esté regulado de forma explícita, es una norma no escrita de la Judicatura que las actuaciones judiciales en las que se ven implicados dirigentes políticos tienen que ralentizarse, incluso detenerse, durante el plazo –nunca demasiado largo, en términos de los procedimientos judiciales– previo a unas elecciones. Y esta norma ha sido refrendada muy recientemente por el propio Tribunal Supremo, que en 2016 impidió a ex candidatos políticos continuar con sus procedimientos judiciales en tanto no culminase un nuevo proceso electoral ... ¡a pesar de que ya no se presentaban en ninguna lista y habían manifestado su decisión de abandonar la política !

Además, el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG) advierte en su punto séptimo que los funcionarios públicos cometen delito en el caso de que "causen, en el ejercicio de sus competencias, manifiesto perjuicio a un candidato". Por eso paralizan sus actuaciones los magistrados en etapa electoral. En este caso concreto, no cabe duda de que Junqueras y los exconsellers en prisión serán candidatos a las elecciones del 21-D y resultarán electos, así que la dudosa decisión judicial de encarcelarlos les causa, sin duda, "manifiesto perjuicio".

Porque lo que no se puede impedir es que se presenten a cargo electo, ya que en España no existe la inhabilitación cautelar –sólo corresponde a sentencia firme–, pero el fiscal general y la jueza de la Audiencia están actuando como si no pudiesen volver a estar aforados. Mejor dicho, parecen estar tratando de impedirlo, lo que si se demostrase supondría una prevaricación delictiva.

3. La Audiencia envía a prisión sin ser de su competencia

Queda aún más claro que lo que se está intentando es impedir que los encausados, muchos de ellos ya presos, vuelvan a ser consellers, cuando se constata que la Audiencia Nacional no es en absoluto competente para enjuiciar por rebelión a Junqueras y a los otros que acaba de enviar a prisión. Y no es una opinión de juristas, sino que está clara e inequívocamente dictaminado por el auto de 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional" :

Victoria Rosell ✔ @VickyRosell
Auto firme 2.12.2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la A.N :
”el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”

Todos los magistrados del Pleno y de la actual Sala de Apelación firmaron ese auto incuestionado a instancias del presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, para resolver la causa sobre Memoria Histórica en la que fue, precisamente, el fiscal quien le advirtió a Baltasar Garzón de que la Audiencia Nacional no tenía competencia para encausar por un delito de rebelión. Así que la jueza Lamela está tomando resoluciones durísimas, privando de libertad a ciudadanos relevantes por la vía rápida y causando por tanto alarma social, sin tener ni siquiera la competencia para ello. Y el fiscal general Maza lo sabe perfectamente, porque él era antes magistrado de la Sala Segunda del Supremo.

4. La Mesa del Parlament no compete al Supremo

Otro tanto ocurre, incluso más flagrantemente, con el enjuiciamiento de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Supremo, ya que al pertenecer a la Diputación Permanente de la Cámara continúan aforados y por tanto sólo puede procesarlos el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

No obstante, el fiscal Maza se ha aferrado a un razonamiento capcioso : los artículos 56 y 57 del Estatut de Autonomia dicen que el TSJC tiene atribuciones exclusivas sobre los aforados para los delitos cometidos en Catalunya, pero que si se trata de un delito cometido fuera de la comunidad –y por supuesto no son opiniones vertidas o votos ejercidos en sede parlamentaria, que tienen inviolabilidad– entonces es competente el Supremo. Así que Maza dice que el delito que atribuye a Forcadell y a la Mesa del Parlament se ha cometido fuera de Catalunya ... porque puede tener efectos en todo el Estado.

Según los juristas consultados por Público, eso es "una construcción jurídica aberrante".

Más aún, Maza añade una cláusula inexistente de protección de la Judicatura y dice que además es conveniente alejar el caso un poco de la Judicatura catalana, porque está sometida a presiones. Eso es tanto como manifestar que desconfía del presidente del TSJC.

5. El fiscal general construye una querella partidista

Ya se han mencionado dos casos claros de montaje partidista en la querella de Maza –cuando obvia premeditadamente un auto del Pleno de la Audiencia Nacional que nunca ha sido corregido y cuando pretende que la Mesa del Parlament delinquió fuera de Catalunya–, pero esa elaborada construcción contiene muchos más razonamientos torticeros. Porque, por supuesto, la competencia de los tribunales no depende de los argumentos peregrinos que se le ocurran al fiscal general.

Tan endeble es lo que aduce para atribuir la competencia de la Audiencia Nacional en el delito de rebelión (en contra del auto irrebatible de su propio Pleno) que se ve obligado a argumentar más razones para ello, ya que no puede acogerse a ningún artículo que claramente lo disponga. Y alega que los presuntos delitos de los miembros del Govern han sido cometidos en varias provincias y que trascienden a la comunidad autónoma de Catalunya, por lo que debe intervenir la Audiencia.

Pero Maza sabe muy bien –porque es un buen jurista– que el Artículo 65 de la Ley Orgánica estipula que competen a la Audiencia Nacional los delitos con efectos en más de una comunidad autónoma sólo en los casos de tráfico de drogas u organización criminal, o bien en los que hayan causado perjuicios evidentes e importantes a la economía nacional en su conjunto. Queda claro que de ninguna manera se pueden calificar así los actos en los que participó la Mesa del Parlament.

Maza cita como elementos de jurisprudencia para avalar sus tesis que en sendos casos asumidos por los juzgados centrales de instrucción 2 y 3 –sobre desafíos independentistas de ayuntamientos catalanes– "nadie discutió la competencia". Primero, eso es una selección de jurisprudencia que algún magistrado ha llegado a calificar en privado como "vergonzante". Pero, sobre todo, el hecho de que no se cuestione algo no hace jurisprudencia, mientras que el auto del Pleno de la Audiencia de 2008 sí lo hace, pero Maza lo omite pese a tener perfecto conocimiento de su existencia.

6. El fiscal no defiende los derechos de los encausados

Muchos creen que es sólo el Derecho anglosajón el que dispone que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar tanto lo que es desfavorable como lo que es favorable para el reo. Pero resulta que en nuestro ordenamiento jurídico la Fiscalía también tiene ese deber, porque el Artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Público español a consignar en el sumario tanto los hechos que favorecen como los que perjudican al encausado.

Pero Maza no hace eso en ningún momento. Sólo se dedica a cargar las tintas de las actuaciones presuntamente delictivas de cargos electos y se comporta como si fuera un abogado de la acusación, cuando es su obligación también velar por los derechos fundamentales de los procesados y defender la legalidad de las actuaciones judiciales. Hace todo lo contrario, como veremos en el próximo apartado.

7. No se respetan los derechos procesales básicos

La falta de respeto hacia los derechos procesales básicos se ha manifestado en la forma de comunicar los cargos a los encausados. Ya comentamos antes la precipitación y celeridad atípica de las citaciones a declarar. Pero en el caso de Puigdemont ha sido aún más descarado, puesto que ni siquiera se le ha llegado a citar personalmente, algo inexcusable en la primera comunicación de una querella a un reo. El propio portavoz de Jueces por la Democracia (JxD), Ignacio González Vega, ha subrayado que la primera citación siempre tiene que ser en persona, cosa que no ha sido posible inicialmente porque se encontraba en Bruselas.

La réplica conservadora para obviar ese principio del Derecho la dio el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, aduciendo que el expresident se había ido a Bruselas precisamente para evadir la acción de la Justicia y que no se podía detener esa maquinaria porque no fuera posible encontrarle, ya que se podría producir un "bucle paralizante" que impidiera iniciar las actuaciones judiciales.

Argumento bastante forzado, cuando eso es un criterio del siglo pasado y se ampara en la ley anterior a la reforma del 2015. Ahora, hasta el Supremo ha definido que, además de las primeras 24 horas, hay que conceder tres o cuatro días más para dar traslado de la querella. Puigdemont no está todavía huido y si ha solicitado declarar por videoconferencia es que su abogado ha designado un domicilio, una dirección de internet y un teléfono con acceso a fibra óptica para efectuarla por Skype u otro medio, cosa a la que tiene derecho según la nueva ley.

En esas circunstancias, hay que cursar primero una citación para entregar en persona. No vale con pretender que Puigdemont puede ser citado por los medios de comunicación. Todo el mundo tiene derecho a una primera citación personal, intentada seriamente, y sólo se puede cursar orden de captura cuando se demuestra que no ha sido atendida. Cosa que no es el caso, porque el expresident ha pedido declarar por videoconferencia y todavía no consta –jurídicamente hablando– que pretenda evadir la acción de la Justicia. Pese a lo cual se ha ordenado ya su detención y entrega mediante los mecanismos internacionales de Europol, como si fuera un fugitivo.

8. A Puigdemont se le niega el derecho de defensa

Como consecuencia de lo anterior, se ha cometido una nueva vulneración del derecho de defensa de Puigdemont : la de negar que estuvieran presentes sus abogados en las declaraciones de los otros encausados. Eso es totalmente irregular, ya que cuando finalmente declare –sea por videoconferencia, detenido, extraditado o tras regresar voluntariamente– tendrá que hacerlo sin saber lo que han dicho los demás sobre él.

Por ejemplo, Junqueras podría haberle incriminado en su declaración, alegando que le forzó a ejecutar determinados actos, sin que los letrados de Puigdemont hayan tenido conocimiento de esa acusación por parte de otro de los acusados. Una situación que es de evidente indefensión para los investigados que la padecen.

Además, con la última reforma legal de 2015 cualquier investigado puede fijar su residencia en un país del espacio Schengen –sea Dinamarca, Alemania, Francia o Bélgica– y pedir que todas las diligencias le sean remitidas a ese domicilio.

9. La juez decreta prisión sin valorar el "arraigo"

La magistrada Lamela ha dictado con gran celeridad órdenes de prisión para Junqueras y ocho exconsellers sin valorar el "arraigo" de los encausados, un criterio que siempre se tiene en cuenta antes de decretar encarcelamientos. Puede parecer clasista, y probablemente lo es, pero el "arraigo" siempre evita el encarcelamiento de los encausados aun en el caso de empresarios con desfalcos importantísimos que podrían darles medios económicos suficientes para evadir la acción de la Justicia.

Es decir, si se demuestra que el acusado tiene un arraigo social ; o sea, hijos que van a un instituto o a un colegio, que participa en la asociación de padres, que pertenece a organizaciones culturales a las que asiste todas las semanas, que cuenta con arraigo patrimonial, laboral, social … en ese caso, los jueces no meten al acusado en prisión, porque consideran que va a ir al juicio.

Y, si existen dudas, siempre se pueden aplicar medidas cautelares sin detención : vigilancia policial, obligación de presentación diaria en comisaría, métodos electrónicos de seguimiento ... Sólo se decreta el ingreso en prisión inmediato para delincuentes sin arraigo alguno. ¿Piensan Lamela y Maza que Junqueras y los exconsellers van a abandonar su familia, sus bienes, su arraigo en Catalunya, para darse a la fuga ? ¿Todos ellos ?

10. Violación del secreto de las comunicaciones

Finalmente, existe una irregularidad procesal que algunos juristas estiman definitiva. Incluso creen que podría llevar a la nulidad de toda la causa, como ocurrió en el caso Naseiro de financiación ilegal del PP en el inicio de esa formación.

Se trata de las peticiones de escuchas telefónicas al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, que lleva nueve meses tramitando en secreto la denuncia del partido ultraderechista VOX contra el juez Santi Vidal por haber dicho que tenía todos los datos fiscales de los catalanes.

A raíz de esa presunta violación de la ley de protección de datos, Sunyer ha ordenado 14 detenciones, una docena de registros e innumerables escuchas telefónicas de relevantes dirigentes independentistas, como los dos Jordis (Sánchez y Cuixart, de la ANC y Ómnium, hoy presos) o incluso consellers. El problema es que la jueza Lamela le ha solicitado muchas de esas grabaciones, bajo secreto de sumario, pero no ha pedido también los autos de Sunyer que deben justificar esa vulneración del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones privadas.

El contenido de esas comunicaciones ha sido, por tanto, empleado para acusar a los imputados, sin que se haya verificado si los atestados de Sunyer –quien ya cuenta más de 70 años y tiene en su haber diversas actuaciones imprudentes, como enviar a prisión incondicional a independentistas que luego han tenido que ser absueltos e indemnizados por el tiempo de encarcelamiento– avalan con la suficiente motivación jurídica esa vulneración de un derecho fundamental.

Tras la reforma de 2015, ahora la legislación es mucho más restrictiva y clara que antes : establece los principios de necesidad, de subsidiariedad, de proporcionalidad... el traslado al Ministerio Fiscal y muchas otras prevenciones. Así que Maza y Lamela deberían extremar el cuidado en emplear esas escuchas, quizá envenenadas por falta de justificación legal y por haber sido recomendadas por la Guardia Civil que ya las conocía por su empleo en una causa totalmente ajena.

Ése podría ser el último "árbol envenenado" que intoxique mortalmente la causa contra los líderes independentistas catalanes. Pero, en cualquier caso, la construcción jurídica levantada por Maza y Lamela tiene los cimientos en el fango ... y los tribunales europeos no juzgarán ese edificio legal con los evidentes criterios políticos que están guiando una actuación judicial claramente teledirigida por la Fiscalía General del Estado que depende jerárquicamente del Gobierno de Rajoy.

(4 de noviembre de 2017)