Su llegada a América Latina se produjo de forma masiva en los años ochenta y sobre todo noventa. Hoy ocupan los primeros puestos, cuando no el primero, en muchos países latinoamericanos, en sectores como los hidrocarburos, la electricidad, el turismo y la pesca, entre otros.

Sus actividades han sido objeto de frecuentes críticas y resistencias locales. El informe Los nuevos conquistadores recoge los principales casos, centrándose en aquellos donde las empresas españolas tienen un protagonismo importante y en sectores donde se causan graves daños al medio ambiente y los derechos humanos. Algunos ejemplos son los siguientes :

 Endesa quiere construir en la Patagonia chilena cinco grandes represas que arrasarán un ecosistema virgen y que han suscitado un gran rechazo local. Recientemente ha pedido más de 14 años de cárcel y multas millonarias para activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta pidiéndole poner fin a este proyecto.

 Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola apuestan en América Latina por la generación de energía sucia y basada en fuentes no renovables. Unión Fenosa e Iberdrola encabezan un proyecto para construir cinco centrales eléctricas de carbón en Guatemala.

 Repsol ha causado vertidos y graves daños al medio ambiente en Ecuador, Argentina y Bolivia, ha violado los derechos de comunidades indígenas, y ha sido acusada de fomentar la violencia en Colombia.

 Empresas turísticas españolas están fomentando en varios países, pero especialmente en México, un modelo de turismo depredador que arrasa con bosques de manglares costeros y con zonas vírgenes. Sol Meliá, Riu o NH, entre otras, participan en proyectos controvertidos en el estado de Quintana Roo.

- Pescanova ha practicado la sobre-explotación de recursos pesqueros en Chile, mientras Calvo ha sido acusada de contaminación y de violación de los derechos laborales en El Salvador.

Las multinacionales españolas que operan en América Latina no actúan de forma diferente a las de otros países. Siguen un modelo de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve posible, y lo hacen en muchas ocasiones vulnerando derechos medioambientales, sociales y laborales, mediante la presión a autoridades locales. Los Gobiernos españoles, de cualquier color político, las apoyan activamente con el argumento de que se trata de una defensa de los intereses españoles en el exterior. Pero estas empresas sólo representan los intereses de sus accionistas, y con sus prácticas han contribuido a empeorar la imagen global de España en América Latina.

 Fuente : Red Eco Alternativo