El sistema penitenciario debería de asegurar la salud física y mental del recluso, así como su reinserción en la sociedad una vez cumplida su condena. Pero todo esto es ficción … No nos vamos a engañar : este sistema no puede encargarse de más de 65.000 presos (no sabemos con exactitud cuál es la cifra de personas encarceladas en septiembre de 2015), salvo que su procedimiento sanitario sea el tratamiento farmacológico o quirúrgico de urgencia cuando existe una enfermedad, e ignorando toda la medicina preventiva. Además, la utilización habitual de psicofármacos y metadona de forma crónica puede ser una forma de control sobre la población carcelaria bastante eficaz, pero aniquiladora para la persona presa : tranquilizantes, ansiolíticos, metadona … adormecen las conductas, las conciencias y crean adicciones con frecuencia más importantes que las que les han llevado a delinquir. Es urgente abrir un debate serio en la sociedad acerca de las sujecciones, mecánicas y farmacológicas, no sólo en las prisiones, sino también en geriátricos, psiquiátricos y centros de reinserción de menores. Hace poco quedábamos espantados ante la noticia de un incendio en plena noche dentro de un geriátrico : ancianos muertos atados a la cama, con la excusa de proteger su descanso. Además de las dosis de tranquilizantes que toman a diario, hay algunos ancianos que no son capaces de dormirse a las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana (¡son once horas … !). Si quiere ir al baño, y aún controla esfínteres, pero necesita ayuda, se le pondrá un pañal, porque no hay personal suficiente normalmente para atender a cada anciano como se debería. Es una situación lamentable y éticamente muy discutible. En los psiquiátricos ocurre lo mismo, y las sujecciones son muy utilizadas en nombre de la seguridad del paciente, aunque hay un componente de escarmiento en estas prácticas que no se cuenta .../...

Manual de supervivencia en la cárcel

MANIFIESTO PARA UNA LUCHA CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS EN LAS CÁRCELES DEL ESTADO ESPAÑOL [1]

Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia, sumisión …), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento “normal”.

Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias ; para nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la ineficacia de los procedimientos institucionales de prevención contra la tortura y algunas estiman la necesidad de sustituirlos por otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a la tortura.

Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el “Subcomité contra la tortura”, o el “Comité de los Derechos del Niño”, los tres de la ONU, “Human Rights Watch”, “Amnistía Internacional”, el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones institucionales que la favorecen, como los regímenes de incomunicación de detenidos o de aislamiento de presos.

A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad : han instaurado la cadena perpetua de hecho ; han apuntalado legalmente el régimen FIES ; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada ; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.

También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.

Por otra parte, los mecanismos recientemente montados en cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer informe en cumplimiento de esas nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del “Comité para la Prevención de la Tortura” del Consejo de Europa a un juez de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en la ejecución de sus tareas en ese tribunal de excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.

Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la “sociedad civil” [2]. Hace años que, aparte de las actividades propias de cada grupo, vienen recogiendo informaciones sobre la tortura, cuyos contenidos van dando a conocer por medio de informes anuales [3], y elaborando y difundiendo también de forma sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema. Esos informes indican una cantidad importante de denuncias (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del Estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido denunciadas reiteradamente todas las policías y cuerpos de carceleros y agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.

Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar de las limitaciones en implantación territorial y acceso a la información de los colaboradores de la coordinadora y, sobre todo, de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas : el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se encubren entre sí ; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a merced de los denunciados ; las contradenuncias típicas por “atentado”, “resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante ; la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde ; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio de sus funciones” ; la falta de “tutela judicial efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y negligencia en las diligencias de investigación ; la obstrucción administrativa a su realización ; la descalificación y criminalización de quienes intentan apoyar a los denunciantes … Todo lo cual hace pensar que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente se producen.

Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos ; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable ; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o el de aislamiento de los presos.

Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento ; los traslados arbitrarios ; el desarraigo social y familiar ; las grandes condenas ; el hacinamiento ; el abandono higiénico-sanitario ; el encarcelamiento de enfermos mentales y terminales ; la indefensión jurídica ; la sobreexplotación laboral ; los abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder terapeútico de la institución penitenciaria ; el calvario “voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora, reinserción en la miseria … Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y degradante.

La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo primer fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la tortura. Además, su amenaza tiende a extenderse, a regular cada vez más aspectos de la existencia humana, tipificando y castigando con dureza creciente más y más conductas. Un sistema social que recurre, desde siempre y cada día más, a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros ? No se puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de los que por definición son enemigos.

Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social, con la idiotización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho si no se ha visto obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.

La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles : unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones …) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.

Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles … la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar la atención tanto sobre ellos y sus verdaderas funciones como sobre la situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.

Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos explícitos.

Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla !

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

torturado

Manual del torturador español

Xabier Makazaga

Makazaga desmonta la versión del Estado español de que cada vez que hay denuncias por malos tratos los/as denunciantes han seguido un supuesto manual de ETA

“Los torturadores españoles siempre han gozado de total impunidad”. “Amenazar con las posibles consecuencias de denunciar haber sido torturado ha sido una práctica común también en el Estado español”. “El Estado español se distingue del resto de estados que se autodefinen como democráticos mientras utilizan en secreto las torturas por su nivel de hipocresía al negar estas prácticas. Parte de una estrategia dual que busca ocultar lo que, en secreto, se convierte en parte de la estrategia. De este modo, mientras que se recrea una sensación de falsa libertad dirigida a la mayoría de la población, las posibles víctimas pueden saber qué les ocurrirá si son detenidas”.

Estas afirmaciones, ampliamente documentadas, las podemos encontrar en el libro de Xabier Makazaga Manual del torturador español, de la editorial Txalaparta. Este trabajo de investigación que denuncia que las torturas en el Estado español son generalizadas y que los/as torturadores/as gozan de una gran impunidad no ha gustado a los/as políticos/as y periodistas defensores/as de la brutalidad policial que han intentado que el libro se retire de las bibliotecas públicas.

En esta publicación, Makazaga desmonta la versión del Estado español de que cada vez que hay denuncias por malos tratos los/as denunciantes han seguido un supuesto manual de ETA para denunciar falsas torturas. Tras demostrar que ese manual es inexistente y que es una creación policial para desacreditar a los/as denunciantes, el autor nos habla de otros manuales que sí son reales y que son usados frecuentemente por las policías españolas. Se refiere a unos documentos desarrollados por la CIA en los años ´60 en el marco de las actuaciones de “contrainteligencia” en América Latina, actualizado veinte años más tarde con el eufemístico título de Manual de entrenamiento para la explotación de recursos humanos [4] y distribuidos inicialmente a las fuerzas de seguridad latinoamericanas en los que se dan detalles de cómo vencer las resistencias de los/as detenidos/as a confesar y a delatar a sus compañeros/as. Aunque actualizadas, muchas de las técnicas descritas en estos manuales son utilizadas diariamente por las policías españolas dado que, como afirma Oriol Martí, torturado durante el franquismo y durante la democracia, “los torturadores torturan mejor ahora que veinte años atrás : han mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y mejor en menos horas. Los torturadores del franquismo eran unos alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico”.

Otro de los razonamientos utilizados por Makazaga para invalidar la afirmación de que los/as detenidos/as relacionados/as con el conflicto vasco manifiestan falsamente haber sufrido torturas es la diferencia entre el número de denuncias presentadas en el Estado español y en el francés. Mientras que en nuestro país entre el año 2001 y 2008 un 66% de los/as detenidos/as denuncian torturas, en Francia sólo un 1% de éstos/as lo hacen. Con estos datos, Xabier Makazaga cree tener la respuesta de por qué en España los/as detenidos/as se inculpan y delatan con todo lujo de detalles y por qué unos pocos kilómetros más al norte prácticamente no hay autoconfesiones.

El libro de Makazaga se centra principalmente en relatar los casos de malos tratos y torturas en el País Vasco, pero el prólogo de Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), nos demuestra que la tortura es una práctica generalizada en todo el Estado español. Para realizar estas afirmaciones se basa en informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (España : Sal en la herida [5]), estatales, como Torturaren Aurkako Taldea y CPT, y organismos de NN.UU como el Comité de NN.UU. Contra la Tortura y el Relator Especial de NN.UU. para la cuestión de la tortura, y nos explica que desde 2001 a 2008 se han producido en nuestro país 5.868 denuncias por torturas y malos tratos.

Contrariamente a la percepción existente, estas denuncias se distribuyen por todo el Estado, no existiendo en 2008 ninguna Comunidad Autónoma en la que no se hayan producido denuncias. Lo mismo ocurre con el cuerpo represivo denunciado : las torturas han sido realizadas por miembros de todas las policías (nacional, autonómicas, locales, Guardia Civil) y en todos los centros de reclusión (cárceles, centros de menores y de internamiento de extranjeros/as). Jorge del Cura explica que la gran cantidad de casos de tortura existentes se debe a la defensa que hace el Estado de los/as torturadores/as, apoyándoles judicialmente con investigaciones deficientes y condenas mínimas, brindándoles soporte político y mediático, negando la existencia de las torturas y criminalizando a los/as denunciantes y a las asociaciones que les dan cobertura.

Jorge del Cura señala también que, pese a que los malos tratos y torturas sean más frecuentes en personas privadas de libertad, detenidos/as con relación con el conflicto vasco, participantes en movimientos sociales o personas migrantes, cualquiera puede ser víctima de la tortura o de malos tratos en el Estado español.
Como declaró Martxelo Otamendi tras una detención incomunicada de cinco días en la que fue víctima de torturas, “si a Joan Mari Torrealdai, que es una eminencia de la cultura vasca, con 60 años, le han apaleado como le han apaleado, si a mí me han aplicado dos veces la bolsa, qué no harán con un joven o con una persona mayor que no tiene la capacidad de poder reunir, como yo, como Egunkaria, a tantos medios de comunicación, y cuyas denuncias de torturas quedan absolutamente en el olvido”.

Manual del torturador español, Xabier Makazaga, Txalaparta, Tafalla, Nafarroa, 1ª edición noviembre 2009

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