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Jose Mari Esparza Zabalegi, Editor. Miembro de Euskal Memoria
30 marzo 2013

Laura, víctimas y lenguaje

Domingo 31 de marzo de 2013, por Redacción

Me he quedado perplejo con las reacciones a las palabras de Laura Mintegi en el Parlamento Vasco, que han motivado la intervención de la Fiscalía [1]. Los medios han evitado reproducir sus palabras exactas, lo cual ya es sospechoso: “No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima –dijo Laura- porque absolutamente todas las víctimas que han muerto por causa política (porque no es un accidente de tráfico, no es un infarto, no es un cáncer) es una tragedia. Y además son todas evitables, absolutamente evitables porque tienen un origen político”.

Cuando las leí me pareció que rayaban más en la perogrullada que en el delito, pero visto cómo se han puesto las cosas uno tendrá que tragarse, otra vez, sus opiniones, aguantando sin rechistar los dardos de los tertulianos y columnistas “demócratas”, tan diestros en provocar a los que estamos al borde de fulminantes querellas por enaltecimiento, apología o ese etéreo “aumentar el dolor de las víctimas” que nadie sabe qué médico diagnostica.

Yo creía, (“equivocadamente” añado para que no me sacuda la Fiscalía) que todas las muertes ocurridas a consecuencia de la sublevación militar de 1936, las que produjo el franquismo para sostener su régimen y todas las que produjeron los que lo combatieron con las armas (Carrero Blanco, por ejemplo) habían sido muertes por motivaciones políticas.

Pensaba, insensato de mí, que todas las muertes del batallón Vasco-Español, del GAL, de la policía en calles o comisarías, tenían motivación política, lo mismo que las producidas por ETA y otras organizaciones. Así lo había leído en cientos de publicaciones y hasta se han editado luengas enciclopedias explicándolo. Lo deducía, tonto yo, de los miles de comunicados de todo tipo publicados, acuerdos políticos y negociaciones de sucesivos gobiernos. Decisiones políticas, creía yo, lograron la desaparición de ETA-pm, posibilitaron treguas y firmaron acuerdos, los más recientes en Lizarra-Garazi y Loiola.

Algo que en mi ignorancia veía tan elemental, ahora prohíben decirlo y si empapelan a parlamentarios por manifestarlo en la tribuna, qué no harán con los plumillas de a pie. Democracia lo llaman.

Vale pues, de acuerdo. Pero, ¿cómo calificarlos entonces? ¿Qué resquicio del lenguaje nos dejan a los que escribimos, publicamos y editamos?. ¿Acaso el robo y la rapiña fueron el móvil? No es el caso. Lo fueron en la guerra de Irak, cuyas 100.000 muescas las llevan los del PP en sus cananas. No fueron tampoco víctimas de conflicto religioso alguno, a pesar de las ostias repartidas. Ni fueron accidentes de trabajo, por supuesto, ni tampoco víctimas de género, ni de violencia sexual, ni producidas por ninguna sicopatología, porque los encierran en cárceles, no en manicomios. Decía esta semana Joseba Arregui desde El Correo, que la culpa es de “un proyecto político totalitario” pero tampoco sirve, porque entonces se reconoce la raíz política del conflicto.

¿Cuál es entonces la causa motriz por la que en estos 50 años ha habido 1.400 muertes, miles de atentados, 50.000 detenidos, 10.000 presos, miles de heridos y exiliados y más de 5.000 denuncias de torturas? Si no ha sido por causa de un conflicto político, ¿por qué entonces?.

Pueden decir, los que pueden hacerlo, que ha sido por culpa de una banda criminal, terrorista, etc., etc. y cuando se les acabe la ristra de adjetivos seguirá en pie la misma pregunta: ¿y cuál era el móvil si no era la política? ¿Y por qué de pronto esa “banda” innombrable, de la noche a la mañana, decide apoyar una nueva línea (¿política puedo decir señor fiscal?) que da como resultado ser el segundo grupo (político, con perdón) en la Comunidad Autónoma y Navarra?

La pinza sobre Laura Mintegi, que han apretado tantas manos, desde el PP al PNV y desde los columnistas progres a la Fiscalía, es sobre todo un alarde de hipocresía: “Las víctimas asesinadas por ETA sí son víctimas políticas, sí poseen significado político” decía, literalmente, el camaleón Joseba Arregui en el artículo citado. ¿En qué quedamos entonces? [2].

Pero también este cierre de filas en torno al uso del lenguaje, copiado de la extrema derecha española, muestra una decidida apuesta por quitarnos a un sector importante de la sociedad el derecho a salirnos del panfleto oficial sobre las víctimas, que ha actualizado el famoso “Caídos por Dios y por España”, con el que durante 50 años nos prohibieron una lectura veraz de lo ocurrido en 1936.

Prohibido pues hablar de conflicto y presos políticos. Mucho menos de gudaris, de lucha armada, crímenes de Estado, opresión nacional, lucha de clases, violencia institucional, respuesta revolucionaria … ¿Hasta cuándo señores demócratas? Porque la mentira siempre tiene caducidad y Quevedo nos sigue incitando a trasgredir: “No he de callar, por más que con el dedo, silencio avises o amenaces miedo”.

(31 de marzo de 2013)


[2Ética y democracia

Joseba Arregi, El Correo 21/03/13

· Matar en nombre de un proyecto político pone de manifiesto el totalitarismo de un proyecto político,aunque no lo constituya en primer término.

Una de las señales más evidentes de la mala situación de la política democrática en Euskadi es la necesidad de volver una y otra vez a los conceptos e ideas fundamentales que la constituyen y explican. La claridad de las ideas parece estar en proporción inversa a la frecuencia de su uso. Un uso, por supuesto, partidista y particular, pero con la pretensión de una universalidad capaz de condenar siempre a los adversarios o enemigos políticos.

Uno de los extremos que más sorprenden, o al menos debieran sorprender, es el recurso a la ética como algo distinto, y previo por lo general, a la democracia. La ética y la democracia son, al parecer, dos dimensiones separadas, cada una con sus principios y con su lógica. La ética no es interna a la política democrática, sino algo que le viene impuesto desde fuera, parece. Si la ética es previa y distinta a la democracia, parece que la democracia puede funcionar sin referencia alguna a la ética. Al menos, sin que la ética sea una exigencia inherente a la propia política democrática.

Esta separación de ética y política entre nosotros, y su radicalización, tiene su explicación, como otras muchos fenómenos no deseables que nos acompañan, en los largos años de violencia terrorista de ETA. Gesto por la Paz, en un esfuerzo por encontrar un suelo que pudiera ser compartido por todos los partidos políticos, nacionalistas y constitucionalistas, creyó encontrar en la referencia al previo de la ética ese suelo compartido: dejar de lado el significado político de la violencia terrorista de ETA –su estar al servicio de un proyecto político nacionalista y socialista radical– para poder condenarlo sin tapujos en el plano de la ética.

Esta separación nítida entre ética y política democrática es, sin embargo, profundamente dañina para la idea democrática de democracia, si se me permite la redundancia. La política democrática es precisamente democrática por la integración en sus principios de algunos principios fundamentales de la ética. Democracia no es, como hemos tenido que escuchar recientemente, oír lo que no nos gusta. La democracia no obliga a escuchar a Hitler. La democracia no obliga a escuchar a Stalin. La democracia no obliga a escuchar a ningún dictador, ni a nadie que pretenda invalidar el valor de la tolerancia.

Para decirlo con toda claridad: la democracia ni empieza ni acaba con la obligación de escuchar la voz del pueblo, pues si el pueblo decide algo que está en contra de los derechos humanos, esa decisión nunca podrá ser considerada democrática. ¿Cree alguien que en España se puede introducir, si lo exigiera el pueblo en referéndum, la pena de muerte en la Constitución sin que ésta deje de ser democrática? La política democrática pone límites al poder: de los gobiernos, de los legislativos, del sistema judicial, y también del pueblo. Y son los límites del imperio del derecho, los límites de los derechos humanos y de todas las leyes que de esos derechos humanos se derivan.

Es evidente que no puede existir democracia sin respetar la voz y la voluntad del pueblo. Pero esa escucha y ese respeto no agotan, ni mucho menos, la democracia. La política democrática es un juego dentro de unos límites que vienen marcados, como se ha dicho, por el sometimiento al derecho. Ante el imperio del derecho no hay soberanía que valga, y la soberanía, la voluntad del pueblo pasa a ser democrática sólo si y cuando se somete al imperio del derecho, si y cuando deja de ser voluntad constituyente y se convierte en voluntad constituida, es decir, limitada, no soberana.

Todo esto tiene una importancia extraordinaria, porque el derecho no es algo abstracto, sino una exigencia muy concreta. La concreción más importante es la del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, de opinión, de confesión religiosa –o de no tener ninguna–, a la libertad de expresión, de asociación, a la libertad de identidad y de sentimiento de pertenencia. El poder debe ser ejercido respetando los límites que le impone ese derecho, y debe garantizar las libertades que se derivan de ese derecho que constituye al ciudadano.

La consecuencia de esta limitación del poder para que sea considerado democrático es que consagra la heterogeneidad social, el pluralismo de la sociedad en la que se ejerce el poder, la limitación y la particularidad de cada una de las ideas, confesiones, convicciones, identidades, sentimientos de pertenencia, opiniones que viven y se expresan en cada una de las sociedades. Esa limitación y esa particularidad son posibles precisamente en la aceptación de la universalidad del derecho al que se debe someter todo poder en la medida en que quiera ser considerado democrático. El respeto al pluralismo y a la heterogeneidad social es la prueba del nueve de todos los proyectos políticos. Matar en nombre de un proyecto político pone de manifiesto el totalitarismo de un proyecto político, aunque no lo constituya en primer término, su incapacidad de respetar el pluralismo y la heterogeneidad social, de atenerse a la limitación y particularidad de las ideas que contiene.

Clarificar las ideas en este sentido facilita bastantes cosas muy confusas en la política vasca: los presos de ETA no son presos políticos porque no están condenados por sus ideas, sino por sus asesinatos. Las víctimas asesinadas por ETA sí son víctimas políticas, sí poseen significado político, pues fueron asesinadas en nombre de un proyecto político totalitario: reclaman a gritos una política democrática. Pero no son víctimas de un conflicto político, ni lo son de su propia incapacidad de diálogo para la resolución de no se sabe qué conflicto. El diálogo en la política democrática sólo es posible respetando la gramática de la democracia constituida por las leyes basadas en el derecho. Lo demás es la ley de la fuerza y el chantaje. Nunca diálogo.

Joseba Arregi, El Correo 21/03/13

«Fundación para la Libertad».