Presentación

El 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde desató una
represión criminal sobre la manifestación que mantenía cortado el Puente
Pueyrredón, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki. Más de cuatro mil desocupados habían llegado hasta Avellaneda
aquella mañana, en una jornada que dejaría además un saldo de 33 heridos
de balas de plomo. La investigación sobre los hechos fue plasmada en
el libro Darío y Maxi. Dignidad piquetera, publicado en el año 2003 por el
Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

El 17 mayo de 2005 se inició el juicio por la Masacre de Avellaneda. El Frente Popular Darío Santillán mantuvo entonces un acampe durante más de 40 días. Ocho meses después, el 9 de enero de 2006, se lograría la condena de los autores materiales de la represión. Ese mismo día se estrenaba frente a los tribunales de Lomas de Zamora La pasión del piquetero, de Vicente Zito Lema [1], como parte de las actividades de la vigilia que llevaron adelante distintas organizaciones sociales, movimientos de desocupados, organismos de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles.

“¿Cómo pueden la belleza y la tragedia dormir en la misma cama ?”. El empecinamiento de la vida se funde, de algún modo, en la certeza de la
muerte como absurdo ; el empecinamiento es un absurdo –¿lo es ?–. ¿Qué nos
empecina, qué nos lleva a rescatar del centro mismo del absurdo, imágenes
claras, palabras sencillas, con las que denominamos el mundo y le otorgamos
textura a la realidad, realidad que todavía, algunxs insisten en no ver ?

No alcanzan las metáforas, hay un algo previo que se enreda en las manos del poeta, para darle a la poesía sentido propio, de espacio conquistado, ocupado, expropiado al imperio de la vanalidad, para erigirse en “potencia reveladora” que muestra “las cosas como son”.

¿Y cómo son las cosas ? Atropelladamente difusas, conmocionantes, altamente traumáticas. Cosas que necesitan de nuestras palabras e imágenes, para iluminar y que nos iluminen.

Si la investigación desarrollada en Darío y Maxi es el relato periodístico que evidenció la planificación criminal de la Masacre de Avellaneda, La pasión del piquetero es el relato poético que resuscitó la dignidad y el carácter profundamente humano de los militantes asesinados en el Puente Pueyrredón. Ambos trabajos se inscriben en una tradición que Rodolfo Walsh inaugurara con Operación Masacre, al denunciar los fusilamientos en un basural de José León Suárez tras el levantamiento del general Valle en 1956, y continuara Paco Urondo con La patria fusilada, dando testimonio sobre la Masacre de Trelew en 1972.

¿Cómo pueden abrir, en el desierto, las brillantes flores de los cactos ?
Empecinamiento de agua, o en palabras del mismo Vicente, “la obstinación obstinada del amor”. Obstinación del poeta en hacer de la tragedia
una oda a la vida, cuando la muerte no llega, sino que irrumpe, absurda,
del brazo largo del imperio para convencernos de que la lucha por la
dignidad es el absurdo. Pero lejos de convencernos, nos empecina.

La publicación de esta obra, a más de 8 años de los acontecimientos, no persigue otro fin que el de continuar exigiendo justicia y cárcel a los responsables políticos de la muerte de nuestros compañeros.

Sabiendo que la poesía no redime la muerte, y que la belleza ya es parte de su ejemplo, continuar su lucha es el único homenaje posible.

Editorial El Colectivo

Buenos Aires, diciembre de 2010.

Prólogo

Maristella Svampa [2]

Existen dos lecturas complementarias que es necesario tener en cuenta a la hora de explicar la actual envergadura que tienen los procesos de criminalización de los movimientos populares. Por un lado, la criminalización de las luchas sociales se halla íntimamente ligada a la problemática del fuerte quiebre de solidaridades sociales vivido en las últimas décadas. Por otro lado, estos procesos están lejos de constituir una característica local,
nacional o regional ; forman parte, como se afirma claramente en este libro, de una estrategia global de disciplinamiento y búsqueda de gobernabilidad, en la dinámica del capitalismo actual.

Es sabido que, en nuestro país, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 constituyó una cesura, en la medida que sentó las bases para un cambio en la distribución del poder social al interior de la sociedad argentina.

Como en otros lugares de América Latina, la dictadura militar tuvo como objetivo llevar a cabo una política de represión, al tiempo que aspiraba a refundar las bases materiales de la sociedad. En consecuencia, el corte que ésta introdujo fue doble : por un lado, a través de terrorismo de Estado, apuntó al exterminio y disciplinamiento de vastos sectores sociales movilizados ; por otro lado, puso en marcha un programa de reestructuración económico-social que habría de producir hondas repercusiones en la estructura social y productiva. Una nueva época se abría, signada por el final violento del empate social (1955-1976), atravesado por las feroces pujas sociales, políticas y económicas entre los diferentes actores y grupos sociales, y caracterizado de ahí en más por el pasaje convulsionado y conflictivo hacia un período que podemos denominar como la gran asimetría (1976-2001) [3], visible en la fragmentación y la pérdida de poder de los sectores populares y amplias franjas de las clases medias, y en la mayor
concentración política y económica en las élites de poder internacionalizado.

Esta dinámica de reconfiguración social estuvo lejos de ser lineal o de registrar una secuencia única. Así, los cambios en el orden económico arrancaron durante la década del setenta, a partir de la instalación del régimen militar ; las transformaciones operadas en la estructura social comenzaron a tornarse visibles en los 80, con el retorno a la vida institucional y el “descubrimiento” de amplias zonas de pobreza ; por último, grandes mutaciones se produjeron luego de la hiperinflación y durante la
década del 90, con el tránsito a la globalización neoliberal, a través de las reformas llamadas “estructurales”, que terminaron por moldear de modo diferente los contornos de la nueva sociedad argentina.

Como consecuencia de ello, este proceso desembocó en una importante modificación de las relaciones de clase, lo cual repercutió enormemente en el modo en cómo cada grupo social se autorepresenta, se piensa y figura su destino social dentro de la sociedad. Asimismo, las fracturas sociales y los quiebres identitarios fueron múltiples. En efecto, la política represiva y la dinámica desindustrializadora abrirían paso a un proceso de descolectivización, esto es, a la pérdida de aquellos anclajes colectivos que habían configurado la identidad de los sujetos sociales, referidos al mundo del trabajo, la política y el rol de las instituciones estatales. Dicha dinámica desembocó en una ruptura doble de los lazos de solidaridad : en primer lugar, apuntó a quebrar aquellos lazos interclasistas que se habían entablado entre las clases medias movilizadas y las clases populares, que encontraron su máxima expresión en los años 70 ; en segundo lugar, produjo un resquebrajamiento de los lazos intraclasistas al interior de las clases populares, visibles en la distancia operada entre los trabajadores asalariados, afectados por la precarización, y disciplinados por la amenaza del desempleo, y la emergencia de clases populares plebeyas, asociadas, a partir de los 90, con el mundo de los “excluidos”.

Es en este contexto de “gran asimetría” de fuerzas, y de profunda ruptura de las relaciones de solidaridad inter e intraclases, que surgieron y se desarrollaron diferentes luchas y movimientos sociales, cuyo rasgo central sería la acción defensiva y un marcado discurso anti-neoliberal. A la sombra del declive del movimiento obrero, y frente a la transformación del mundo de los sectores medios y populares, los movimientos sociales fueron multiplicándose : movimientos urbanos territoriales, movimientos de derechos humanos, movimientos indígenas y campesinos, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin, colectivos culturales de diverso tipo, dan cuenta de la presencia de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganizacional extremadamente heterogéneo y complejo en sus posibilidades de articulación política.

Por otra parte, por encima de la heterogeneidad (o gracias a ella), lejos de haberse revelado como una respuesta meramente defensiva, no son pocos los movimientos populares que fueron ampliando enormemente su plataforma discursiva y representativa en relación con la sociedad. En este sentido, bueno es recordar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas de la política
institucional. El nuevo ciclo de luchas antineoliberal se abrió en 1994 con la irrupción del zapatismo, en Chiapas, que se constituyó en el primer movimiento contra la globalización asimétrica, influyendo fuertemente en los grupos y colectivos alterglobalización que se estaban gestando en otras latitudes. Pero en rigor, en América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales, arranca en el año 2000, con la Guerra del Agua, en
Cochabamba ; y tuvo sus momentos de inflexión en Argentina, entre 2001 y 2002 ; Ecuador, en 2005 ; y nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, con el ascenso de Evo Morales a la presidencia. Fueron entonces las organizaciones y movimientos sociales los grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a través de sus luchas y reivindicaciones, aún de la práctica insurreccional, lograron abrir la agenda pública y colocar nuevas problemáticas, contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la política y las relaciones sociales : el reclamo frente a la conculcación de los derechos más elementales, la cuestión de los recursos naturales y de las autonomías indígenas, la crisis de representación de los sistemas vigentes, la denuncia de las diferentes formas de precarización de la vida.

Sin embargo, pese a los avances organizativos registrados en los últimos tiempos, de cara a los fuertes cambios producidos en términos de correlación de fuerzas sociales, los movimientos populares lejos están de haber horadado la situación de segmentación y de quiebre de las solidaridades inter e intraclases, en el marco de la gran asimetría. La eficacia simbólica y política de la criminalización -tanto política como mediática, en sus más variados aspectos-, reposa sin duda sobre esta cesura mayor, se alimenta de una fragmentación que hoy atraviesa a los sectores populares y las clases medias movilizadas, configurando mundos de vida, oportunidades y escenarios de lucha que muchas veces aparecen contrastantes y desconectados entre sí.

Como afirman Claudia Korol [4] y Roxana Longo en este libro, “la criminalización de los movimientos populares forma parte de un repertorio global de acciones y prácticas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproducción ampliada y por desposesión (Harvey [5])
del capital”. Pero, en América Latina, a diferencia de otros períodos, este proceso de criminalización se inserta en un contexto latinoamericano complejo, atravesado por tendencias contradictorias. En efecto, por un lado, los cambios del escenario político regional registrados en los últimos años, a partir del quiebre del consenso neoliberal, parecieran colocar en un lugar central a los movimientos sociales, al tiempo que abren la posibilidad de pensar alternativas emancipatorias, en algunos casos, en articulación con los nuevos gobiernos de izquierda. Por otro lado, más allá del cambio de época, visible en la circulación de discursos críticos y la relegitimación del lenguaje emancipatorio por fuera de los propios movimientos sociales, el conjunto de la región atraviesa una nueva fase, que anuncia la profundización del paradigma neoliberal, a través de la generalización del modelo extractivo-exportador, acompañado por la acentuación de la criminalización de la protesta social, la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la seguridad ciudadana, y la militarización de los territorios en conflicto.

Así, de manera paradójica, el proceso de relegitimación de los movimientos sociales ; su carácter de “grandes protagonistas” (reconocido públicamente por los presidentes más emblemáticos de la región -en términos de procesos de cambio-, en el último Foro Social Mundial en Belén) ; en fin, su relativa integración a la esfera gubernamental en el marco de los nuevos gobiernos latinoamericanos, se opera en un contexto en el cual se constata una profundización de las políticas de criminalización de la protesta social y de seguridad ciudadana, al tiempo que se advierte un progresivo ensanchamiento de las diferencias entre movimientos sociales y gobiernos en términos de propuestas o “modelos de desarrollo” alternativos.

Desde 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, la Argentina es una ilustración paradigmática de estas ambivalencias y tendencias contradictorias que hoy contribuyen a complejizar el problema de la relación entre movimientos sociales y gobiernos : integración y cooptación de las organizaciones sociales afines ; disciplinamiento y criminalización de las organizaciones sociales contestatarias ; judicialización, invisibilización y represión de las luchas que se orientan a cuestionar el modelo neodesarrollista.

Así, en primer lugar, en nuestro país no son pocos los movimientos y organizaciones sociales de carácter anti-neoliberal (territoriales, derechos humanos, glttb, entre otros) que se han integrado al gobierno. Este proceso derivó en la institucionalización de organizaciones sociales y la incorporación de sus dirigentes al gobierno, sobre todo en organismos ligados a la acción
social y comunitaria, Cancillería y derechos humanos. En numerosos casos, el proceso de integración ha sido menos claro, evidenciando la activación de clásicos mecanismos de cooptación y clientelismo político, consolidados por el peronismo en el poder. Así, desde la gestión de N. Kirchner hasta el de su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner, la reivindicación de una
nueva dinámica política y la apropiación del discurso crítico han coexistido con la potenciación de los dispositivos clientelares y la perpetuación de prácticas políticas, funcionarios y gobernadores, vinculados a la década del 90.

Por otra parte, como se afirma en este libro, la institucionalización de las organizaciones de derechos humanos “históricas” produjo una mayor fragmentación y conflicto dentro del campo militante, sobre todo a partir de las diferencias que se instalaron con los nuevos movimientos de lucha contra la impunidad, que critican la actual política económica y social del gobierno. El realineamiento del campo militante produjo además una reactivación de la tradición nacional-popular, tan cara en la historia argentina, asociada a la apelación del setentismo, esto es, un llamado al protagonismo político de aquella generación que luchó durante los años setenta, aunque en un marco de posibilidades y expectativas de cambio completamente diferente. Tanto el setentismo como la reactivación de la tradición nacional popular en clave latinoamericana o regional, fueron fundamentales para producir una desorientación y un desconcierto en una gran parte del campo militante crítico.

En segundo lugar, desde 2003 y pese a las advertencias de que el gobierno de Néstor Kirchner “no reprimiría”, se ha venido advirtiendo la profundización de formas de control y disciplinamiento social, a través del agravamiento de la judicialización y la criminalización -política y mediática- de las organizaciones contestatarias, así como la tendencia al cierre del espacio público. Esto ha afectado principalmente a los movimientos de desocupados, sindicatos contestatarios y colectivos glttb. Asimismo, la
política de disciplinamiento hacia los movimientos sociales díscolos, ha habilitado la salida represiva en varias provincias, tales como Neuquén, Salta, Santa Cruz y Jujuy, algunas de las cuales han contado con el aval directo del gobierno nacional, a partir del envío de fuerzas de la Gendarmería Nacional y la militarización de las zonas de conflicto (como en Las Heras, Santa Cruz).

Así, la política de judicialización y demonización de las organizaciones sociales contestatarias que llevó a cabo el gobierno de Kirchner, junto con los sectores de poder y los grandes medios de comunicación, puso en evidencia el carácter desigual de la lucha, al tiempo que apuntó a quebrar aquellos lazos, aquellas relaciones de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones sociales y las clases medias movilizadas, esto es,
aquellas “pasarelas” sociales que se habían forjado a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001 y hasta el año 2003 [6]. Más aún, en la combinación entre criminalización de la protesta social y afirmación de la doctrina de seguridad ciudadana, el gobierno logró actualizar la oposición entre el centro y los suburbios, ilustrada de manera emblemática por la “frontera social” entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, devenido sede privilegiada de las llamadas “clases peligrosas”.

Ciertamente, no todo fue producto de la acción de un peronismo “incorregible” o conspirativo, dado que hacia adentro del campo militante hubo sin duda también enormes dificultades y problemas para comprender el alcance del cambio de época. El quiebre de solidaridades fue, en este sentido, doble, en la medida en que afectó a las corrientes contestatarias, visible en la colisión de las diferentes tradiciones o matrices político-ideológicas que coexisten en el campo militante, con la consecuente acentuación de las conductas corporativas y el repliegue (a veces endogámico) de diversas organizaciones.

Por otro lado, la política de seguridad ciudadana y el accionar de las fuerzas de seguridad, se han venido traduciendo por el agravamiento de la criminalización de la pobreza y la juventud, que abarca desde el aumento de los casos de gatillo fácil, el empleo de torturas en las comisarías, como el empeoramiento de las condiciones de detención, a niveles infrahumanos, en las cárceles argentinas, hoy sobrepobladas de hombres y mujeres provenientes de los sectores populares. Por último, de manera más general, la profundización de la precariedad se ha venido manifestando de diferentes formas, frente a la ausencia de control y regulación estatal que se advierte en las más diversas esferas, y afecta notoriamente a la juventud de los sectores más vulnerables. En esta línea, uno de los hechos que más conmovió el país fue la muerte de 194 jóvenes en un incendio ocurrido en una discoteque (Cromañón) en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2004. El hecho se constituyó en la trágica ilustración de un modelo socioeconómico excluyente, dejando a la vista una trama de corrupción empresarial y complicidad estatal, así como la vulnerabilidad y la desprotección de la vida de los más jóvenes.

En tercer y último lugar, la afirmación de un modelo neodesarrollista y el proceso de reprimarización de la economía, en relación con la explotación de los recursos naturales y la problemática de la tierra y el territorio, ha desembocado en una nueva oleada de judicialización que alcanza tanto a los movimientos campesinos e indígenas como a las nuevas luchas socio-ambientales, particularmente, las llevadas a cabo por las asambleas ciudadanas contra la megaminería a cielo abierto, que desde 2006 se agrupan en la Unión de Asambleas Ciudadanas. En otros términos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, que ilustran la nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual. Esto aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” : la frontera agrícola, petrolera, minera, energética, forestal. Dichos procesos, llevados a cabo por grandes empresas trasnacionales y/o poderosos terratenientes nacionales, atentan contra las economías regionales y familiares, colisiona con el estilo de vida de comunidades enteras, y amenaza en el corto plazo la sustentabilidad ecológica. La mega minería a cielo abierto, la construcción de grandes represas, la expansión de los agro-negocios, los proyectos previstos por el IIRSA, prontamente los agrocombustibles, aparecen como la ilustración del avance de un modelo de desarrollo basado en la expropiación socio-económica y la depredación ambiental. De esta manera, este tipo de luchas ponen al descubierto la continuidad del modelo socio-económico -o su nueva fase- respecto del momento anterior. El corolario de ello es que, tal como tal como está planteado el debate, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación aparecen como claramente antagónicas, tanto en el marco de gobiernos neoliberales, como desarrollistas o nacional-desarrollistas.

En resumen, tanto el quiebre de solidaridades, la reactivación de la tradición nacional popular (la ilusión populista, de la mano del setentismo), y el fuerte corrimiento de las fronteras del conflicto social (frente a la ampliación de las formas de precariedad y la explosión de los conflictos socio-ambientales), dan cuenta de un escenario político abigarrado en la cual se inscriben los
actuales procesos de criminalización a los movimientos populares en nuestro país.

El conjunto de estas problemáticas aparecen reflejadas de manera patente en este libro sobre “Criminalización de los movimientos sociales en Argentina”, elaborado por el equipo de investigación del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales, coordinado por Claudia Korol. En el mismo, la construcción de categorías analíticas, así como la amplitud del universo de referencias, muestran la complejidad y la multiplicación de los procesos de criminalización en la Argentina contemporánea, en un escenario político diferente al de los años 90. Asimismo, el aporte de algunos movimientos populares, que hoy constituyen el blanco de estas políticas de disciplinamiento y discriminación, en la elaboración de documentos para este libro, forma parte también de una apuesta colectiva y un trabajo de reflexión que viene sosteniendo de manera creativa y coherente desde hace años el Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”.

En suma, este libro no sólo nos impulsa a la necesaria concientización y denuncia frente a las multiplicadas estrategias de criminalización de los movimientos populares, sino que impone como desafío mayor una tarea colectiva : la reflexión sobre los modos de encarar la “batalla cultural” desde nuevos registros de acción y cooperación creativa. Algo que nos obliga a repensar los cambios recientes operados en el heterogéneo mundo de las clases subalternas y, de manera más general, en la estructura productiva, como a buscar de modo urgente aquellas herramientas políticas que apunten a una superación de las conductas corporativas y la fragmentación organizacional, en un país en el cual históricamente los movimientos populares y las izquierdas anti-sistémicas han tenido enormes dificultades para articular políticas conjuntas y convertirse por ende en grandes movimientos políticos.

Índice

Prólogo, por Maristella Svampa

Criminalización de los movimientos sociales en Argentina. Informe General, por Claudia Korol y Roxana Longo

Anexo I. Análisis de casos

Anexo II. Discurso mediático y criminalización de la protesta, por Red Eco Alternativo

Anexo III. Algunas consideraciones sobre el rol de la Policía Federal Argentina frente a las diversas formas de protesta social, por Gerardo Etcheverry (FISYP)

Anexo IV. El contexto de la "lucha antiterrorista" planteado por EE.UU., por Rina Bertaccini (MOPASSOL)

Anexo V. La Masacre de Avellaneda, por el Frente Popular Darío Santillán

(25 de junio de 2011)