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The bRUSSELLs Tribunal
Nota de prensa 7 febrero 2010

Declaración sobre el archivo español de la querella de Irak contra 4 presidentes de EE UU y 4 primeros ministros británicos por genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad [15/02/10]

Lunes 15 de febrero de 2010, por Redacción

MADRID/EL CAIRO: Sea cual sea su resultado, ninguna investigación pública sobre la decisión de hacer la guerra contra Irak será suficiente mientras encubra los crímenes cometidos, excluya a las víctimas, y no sancione a los responsables. Los actos ilegales conllevan consecuencias. Los muertos, heridos y demás afectados merecen justicia. El 6 de octubre de 2009, junto con querellantes iraquíes y como parte, interpusimos una querella ante la Justicia española contra cuatro presidentes estadounidenses y cuatro primeros ministros británicos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak. La demanda hace referencia a hechos transcurridos a lo largo de 19 años. No solamente trataba la destrucción generalizada a la que Irak ha sido sometido desde 2003, sino también el periodo de sanciones durante el cual se registraron 1,5 millones de muertes gratuitas en Irak.

Presentamos la querella en España porque su ley de justicia universal se basaba en principios constitucionalmente consagrados. Cualquier persona sabe de los crímenes cometidos en Irak por los acusados, pero ninguna jurisdicción ha sido capaz hasta el momento de ponerles ante la Justicia. Presentamos una querella contundente cuyo contenido se basa en pruebas extraídas de más de 900 documentos, haciendo referencia a hechos específicos que demuestran un patrón de daño e intención acumulados.

A la hora de interponer la querella, nos constaba que el Senado español estaba en vísperas de la votación de una enmienda ya aprobada en el Congreso de los Diputados, que limitaría el alcance de la aplicación de la justicia universal. Éramos conscientes de que la restricción podría aplicarse de manera retroactiva, y de hecho se tomaron en cuenta las nuevas pautas regidas por la enmienda, que por aquel entonces seguía siendo una propuesta. Horas después de la presentación de la querella, se aprobó la limitación del alcance de la ley de justicia universal en España. Poco tiempo después, se archivó nuestra demanda. Varios otros casos e investigaciones de carácter grave, y que requieren la vigencia de la justicia universal para asegurar su continuidad, se ven hoy en día enfrentados a graves obstáculos.

Cae otra jurisdicción

A pesar de presentar una demanda sustanciada de 110 páginas (véase la Introducción adjunta), el Fiscal y el Juez asignado a nuestro caso decidieron que no había razón para investigar. Sus argumentos eran erróneos y podrían haber sido refutados con facilidad si hubiésemos podido recurrir. Para ello, necesitábamos un abogado profesional español. Podría haberse tratado o bien de una persona remunerada o bien de un abogado voluntario que ofreciera su ayuda al pueblo iraquí en su lucha por la justicia. Como carecemos de medios, y por otras razones generalmente relacionadas con asuntos internos españoles que no nos concernían, no pudimos conseguir un abogado, ni voluntario ni remunerado. Nuestra petición a los tribunales de ampliación del plazo mientras conseguíamos el apoyo de un abogado fue denegada.

Seguimos creyendo que la matanza violenta de más de un millón de personas en Irak desde 2003, que la ocupación estadounidense –que como tal lleva responsabilidad legal directa– y que el desplazamiento de hasta una quinta parte de la población iraquí a causa del terror que la ocupación ha impuesto e incitado, implican sin lugar a dudas que las alegaciones que presentamos merecen ser investigadas.

En realidad, éste es un ejemplo clarísimo del tipo de caso del cual sistemáticamente rehúyen las autoridades en Occidente –incluida España. En el pasado, los estados occidentales convirtieron a la justicia universal en instrumento para juzgar a países del Tercer Mundo. Pero cuando las mismas víctimas del Sur empezaron a tratar de lograr justicia y el enjuiciamiento de las agresiones de Israel y Estados Unidos mediante la puesta en marcha de casos bajo las leyes de justicia universal, los países occidentales se apresuraron a limitarlas. Hoy en día, el abandono de la justicia universal mediante su dilución se ha convertido en una tendencia generalizada.

Llamamiento a la ampliación del esfuerzo colectivo para iniciar procedimientos criminales

Lamentamos que los tribunales españoles se hayan negado a investigar nuestro caso, pero esto no nos desalienta. La nuestra es una causa justa. Los crímenes son evidentes. Los responsables son bien conocidos. Sin embargo, el sistema jurídico internacional sigue ignorando a las víctimas iraquíes. El deseo de lograr la justicia para las víctimas y el de toda la humanidad de sancionar a los criminales de guerra, nos obligan a buscar vías legales alternativas, para que se investiguen los crímenes cometidos en Irak y para que se pueda establecer la responsabilidad jurídica.

Actualmente, el derecho internacional fallido permite que los criminales de guerra estadounidenses y británicos estén por encima de la ley. Esta realidad constituye un ataque –y hace posibles futuros ataques – contra los derechos de todas las personas de todo el mundo. Consecuentemente, seguiremos abogando por la explotación de todas las vías posibles, incluyendo aquellas proporcionadas por las instituciones de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los tribunales populares, para poner en evidencia y poner ante la justicia y la opinión pública y moral, los crímenes que Estados Unidos y Reino Unido han cometido en Irak.

Quedamos a la disposición, con nuestra experiencia y conocimiento, de aquellos quienes luchan en esta dirección. Esperamos que llegue el día en que los países del Sur, que generalmente son las víctimas de la agresión, refuercen sus sistemas jurídicos mediante la implementación del principio de la justicia universal. Será un gran servicio para la humanidad y el derecho internacional.

Millones de personas en Irak han sido asesinadas, desplazadas, aterrorizadas, detenidas, torturadas o empobrecidas bajo los ataques militares, económicos, políticos, ideológicos y culturales de Estados Unidos y Reino Unido. El tejido e incluso el mismo ser del país han sido sujetos a la destrucción intencionada. Esta destrucción constituye uno de los crímenes internacionales más graves jamás cometidos. Toda la humanidad debería oponerse a que el derecho permita, mediante su fracaso a la hora de garantizar la justicia para las víctimas, que esta destrucción se convierta en el precedente que abre el siglo 21.

Comité Ad Hoc por la Justicia para Irak

Contactos para periodistas:

Hana Al Bayaty, Comité Ejecutivo, BRussells

+20 10 027 7964 (inglés y francés) hanaalbayaty@gmail.com

Dr Ian Douglas, Comité Ejecutivo, BRussells, coordinador, Iniciativa Internacional por el Procesamiento del Genocidio de EE. UU. en Irak

+20 12 167 1660 (inglés) iandouglas@USgenocide.org

Serene Assir, Comité Asesor, BRussells (español) justiciaparairak@gmail.com

Abdul Ilah Albayaty, Comité Ejecutivo, BRussells Tribunal

+20 11 181 0798 (árabe) albayaty_abdul@hotmail.com

Dirk Adriaensens, Comité Ejecutivo, BRussells Tribunal

+32 494 68 07 62 (neerlandés) dirkadriaensens@gmail.com

Páginas Web

The Brussells Tribunal

International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq

US Genocide Twitter

US Genocide Facebook

The Brussells Tribunal (español)

Introducción a la querella presentada ante la Audiencia Nacional a fecha de 6 de octubre de 2009

El siguiente texto constituye la introducción a una querella criminal interpuesta a fecha del seis de octubre de 2009 ante la Audiencia Nacional de España contra cuatro presidentes de EE. UU. y cuatro primeros ministros de Reino Unido por la comisión, aprobación y/o perpetuación de múltiples crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak. La demanda fue presentada bajo las leyes de jurisdicción universal. Esta querella nombra a George H W Bush, William J Clinton, George W Bush, Barack H Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown. Fue presentada por iraquíes y otras personas solidarias con el pueblo iraquí y la defensa de sus derechos y el derecho internacional.

Introducción

Todos los querellados identificados en esta demanda han ocupado u ocupan altos cargos públicos en las administraciones de Estados Unidos y Reino Unido, y/o de autoridad en las respectivas fuerzas armadas de estos países, y mientras ocupaban tales cargos autorizaron, apoyaron, justificaron, ejecutaron y/o perpetuaron de forma activa:

1. Un régimen de sanciones sobre Irak durante 13 años, que ha provocado un impacto abrumadoramente destructivo, reconocido y probado, sobre la salud pública de este país, especialmente sobre la mortalidad infantil.

2. El uso de la fuerza militar de forma desproporcionada e indiscriminada, incluyendo numerosas campañas extralegales de ataques y bombardeos durante la década comprendida entre los años 1990 y 2000, provocando la destrucción de las instalaciones hídricas y sanitarias de Irak y de sus capacidades defensivas, y la contaminación generalizada de su eco-esfera y medio ambiente a través del uso masivo e injustificado de municiones de uranio empobrecido.

3. El impedimento, a través de sanciones globales y/o ataques militares, de la reconstrucción de la infraestructura civil básica de Irak incluyendo sus sistemas de salud, hídricos y sanitarios, y la descontaminación de su eco-esfera y medio ambiente, respaldados por la amenaza de vetar en el Consejo de Seguridad cuando no hubo unanimidad detrás de la prolongación del régimen de sanciones.

4. El lanzamiento de una guerra ilegal de agresión contra Irak basada en la falsificación deliberada de amenazas y esfuerzos sistemáticos para ocultar a la población general en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, y a partes de la estructura de comando militar de las respectivas fuerzas armadas desplegadas, los verdaderos propósitos y objetivos de aquella guerra.

5. El diseño del establecimiento de un aparato de ocupación que por su incompetencia, inexperiencia, corrupción y/o alineamiento ideológico o sectario y sus acciones terminaría en la destrucción del Estado iraquí y en la destrucción deliberada de la unidad nacional de este país junto a su identidad, provocando un ataque a los iraquíes en su conjunto y la destrucción intencionada del grupo nacional iraquí como tal.

Los actos ordenados y/o continuados y perpetuados por los querellados identificados en este escrito fueron ilegales en su naturaleza, se conocía que lo eran y/o razonablemente debían saber que eran ilegales en su naturaleza, y se basaron en mentiras manifiestas y deliberadas, manipulaciones, presentaciones de los hechos deliberadamente confusas, y afirmaciones sin fundamento y otras justificaciones falsas. Fue tal la insistencia del esfuerzo propagandístico que respaldó y proveyó el contexto a estos actos ilegales -y es bien sabido que éste era el objetivo- que se convirtió en una campaña internacional de demonización y deshumanización de los iraquíes, de la nación iraquí, del Estado iraquí, del liderazgo militar y civil de Irak, del aparato civil y administrativo de Irak y de Irak dentro del contexto árabe. En este sentido y a través de las acciones que se tomaron y que se resumen más abajo, los querellados:

1. Despojaron al pueblo iraquí de todos o de la mayoría de sus derechos fundamentales conforme a los derechos establecidos y protegidos por la legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, expresados en las convenciones y en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, incluyendo el derecho a la defensa.

2. Construyeron e implementaron políticas que continuaron despojando al pueblo iraquí de su soberanía y del ejercicio de su libertad, derechos humanos y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, conforme lo establecen y garantizan la legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones de Ginebra.

3. Insistentemente otorgaron cobertura legal y política a estos actos, aun sabiendo y/o razonablemente debiendo saber que estos actos violaban la ley internacional, incluyendo indiscutibles normas legales de carácter ius cogens.

4. Impusieron y defendieron la inmunidad extra-legal para todos los involucrados en actos violatorios de los derechos protegidos del pueblo iraquí, y establecieron un patrón de impunidad para los acusados de perpetrar estos ataques, omitiendo llevar a cabo una adecuada investigación y las acciones legales correspondientes sobre las denuncias específicas y generales de los graves abusos cometidos, y/o garantizaron la responsabilidad que se asume a través de la cadena de mandos que permitió u omitió prohibir estos ataques, y/o hicieron caso omiso de o distorsionaron las numerosas reglas legales consuetudinarias, incluyendo las leyes de la guerra y aquellas que prohíben el uso prioritario de la fuerza en las relaciones internacionales.

5. Abusaron de y pasaron por alto el derecho internacional, garante del orden, la paz y la seguridad internacional, para cuya protección se considera que existe y representa el Sistema de las Naciones Unidas, abarcado en la Carta de las Naciones Unidas, y sobre cuyos fundamentos la Declaración Universal de los Derechos Humanos adquiere su efecto positivo y significado conclusivo.

Mientras la ocupación de Irak permanezca y las desmanteladas instituciones soberanas de este país no funcionen, la oportunidad de reparar a las víctimas iraquíes en su propia jurisdicción nacional es inexistente. A pesar de las numerosas peticiones individuales elevadas a su Fiscal, la Corte Penal Internacional ha declarado que no posee jurisdicción para conocer y actuar en casos de abusos y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Irak. En virtud de las amenazas de Estados Unidos y del Reino Unido de utilizar en el pasado su poder de veto como miembro permanente, no es previsible que en un futuro inmediato el Consejo de Seguridad eleve una demanda en Irak a la Corte Penal Internacional, como tampoco que los iraquíes esperen una reforma del Consejo de Seguridad. Sin una investigación y el procesamiento efectivo de estos abusos y violaciones, la comunidad internacional corre el riesgo de permitir que se establezca un precedente de acciones ilegales de semejante magnitud sin censura, poniendo en peligro por lo tanto los derechos y la dignidad no solo de los iraquíes sino también de la población a nivel mundial. Un precedente de esta naturaleza sería contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios sobre los cuales se considera que el orden internacional de los Estados está fundado. La base de la aceptación pública de un Estado de derecho es la protección de la paz y la defensa del bienestar de su pueblo. La falta de investigación y del procesamiento efectivo del catálogo de graves abusos y violaciones perpetradas por los querellados en Irak, y en contra del pueblo iraquí, constituiría una amenaza continua e implícita a la base del orden internacional a nivel general y específicamente a la paz y la seguridad internacionales.

Junto con aquellos que ocupan cargos de autoridad oficial, los importantes consejeros políticos, los creadores de estrategia y los representantes de varias empresas, también han tenido un papel crucial en las justificaciones ideológicas y políticas, además del intento de legitimar las propuestas falsas empleadas para ejecutar la política global de agresión, culminando en una serie de ataques, tanto militares como de otros medios, ataques que siguen ahora desde hace 19 años, los cuales nos han llevado a la guerra ilegal de 2003 contra Irak, una guerra que continúa a pesar de la condena global. Aunque hay indicios de responsabilidad inherentes en términos de la naturaleza de la construcción y ejecución de la política, las relaciones personales entre los individuos involucrados en primer y segundo grado, además de los grupos a los que pertenecen, demuestran un alto nivel de cohesión evidente que une las acciones de las personas que han apoyado y se han beneficiado de estas políticas. En el mejor de los casos el propósito de estas intenciones es la de hacer daño; en el peor significa la destrucción por razones definidas -a veces anunciadas públicamente- estratégicas, geo-políticas y económicas. Es más, ninguno de los responsables puede alegar razonablemente que no sabía cómo iba a acabar sus políticas, ni a quienes apoyaba, ya que todos habían participado no solo en el diseño y la ejecución de dichas políticas, sino que seguían ejecutándolas a pesar de que sus efectos eran perjudiciales, y contribuían a la destrucción de la salud, la soberanía y los derechos del pueblo iraquí, y por si fuera poco, han defendido estas políticas y la mayoría seguirá haciéndolo.

Desde el comienzo del periodo en cuestión, las sanciones instigadas y mayoritariamente administradas por Estados Unidos, como resultado directo de estas medidas, añadidas a la guerra propagada por los gobiernos de EE. UU y Reino Unido y la ocupación del territorio iraquí, han causado la muerte a aproximadamente 2.700.000 iraquíes. Durante el periodo de las sanciones, 560.000 niños perdieron la vida. Desde 2003, la infraestructura civil y militar iraquí es tan débil que el pueblo se siente prácticamente indefenso. Irak ha sufrido un nivel de agresión sin precedentes en el ámbito de la historia internacional, al mismo tiempo que la aparición de un plan de partición para el país, dando fondos a grupos sectarios y milicias para fragmentar aún más la nación durante la ocupación y así afectar a la identidad nacional. También se ha procedido a la cancelación del funcionamiento del antiguo estado iraquí, despidiendo a todos los funcionarios públicos y eliminando la protección estatal, lo cual ha llevado a la desaparición de los servicios públicos y el sistema educativo para el pueblo iraquí, culminando en olas de desplazamientos humanos en las que casi 5.000.000 de personas han tenido que abandonar sus casas, lo cual representa un quinto de la población. En diciembre de 2007, el Comité de Anti-Corrupción de Irak anunció que ya había 5.000.000 de huérfanos en Irak, mientras el Ministerio de Asuntos de la Mujer contaba 3.000.000 de viudas desde 2009.

Tal destrucción de la vida humana, durante 19 años de ataques acumulados, a pesar de haber ignorado numerosas oportunidades para cambiar de política o remediar la situación, no puede ser simplemente fruto de la casualidad. De hecho, la acusación primordial que debe ser investigada, como sugieren los hechos, es que este nivel de destrucción ha sido decisivo para el éxito de la política compartida de Estados Unidos y Reino Unido en Irak. La destrucción total o parcial del pueblo iraquí como grupo social, y la privación de todos o la mayoría de sus derechos, se puede entender mediante el recuento de las violaciones, abusos y ataques a los cuales ha sido sometido el pueblo iraquí. Todo esto, combinado con los continuos intentos de redibujar el mapa político de Irak y la región árabe, además de la posición de Irak dentro de la misma, ha hecho que los agresores hayan aprovechado el momento para capturar, apropiarse y saquear todo lo que se interpusiera en su camino a través de la anulación de la soberanía del pueblo iraquí combinada con la destrucción y fragmentación de su identidad y unidad como grupo nacional. Históricamente, los iraquíes, variopintos aunque cohesivos, estaban, y siguen estando, comprometidos por una mayoría aplastante con la idea del papel del ciudadano en el estado iraquí –un estado fundado y basado en la provisión de servicios públicos y una industria energética nacionalizada. La política que han adoptado los responsables ha buscado y sigue buscando imponerse a los elementos de la industria iraquí y esto ha acabado en la privatización y confiscación de los recursos públicos del pueblo iraquí, combinado con la división política y administrativa del estado originariamente unido, y por tanto, lo opuesto de una sociedad basada en la cohesión de la gente como grupo nacional.

Hasta que no se frene a través de acciones e investigaciones legales, es muy poco probable que la estrategia común de Estados Unidos y Reino Unido cese, aunque las tácticas puedan cambiar. Los iraquíes, en su gran mayoría, no demuestran signos de rendición en su creencia del derecho a la ciudadanía iraquí, lo cual incluye control de soberanía sobre los recursos naturales del país. Con un agresor extranjero beligerante y un pueblo entregado y resistente, una acción legal es imprescindible para llegar al final de esta situación y acabar con la matanza continua del pueblo iraquí y la destrucción de su identidad nacional y sus derechos. Estamos ante acciones ilegales e inmorales que contradicen las razones sobre las que se sustenta la soberanía del Estado y la seguridad del pueblo, y acciones que han traído consigo el intento de destruir el Estado iraquí y la nación. Mientras, según estimaciones creíbles, entre 2003 y 2006, 1.200.000 ciudadanos iraquíes han perdido la vida debido a la violencia, y siguen perdiendo la vida, o, en el mejor de los casos, viven bajo amenaza constante de muerte, mutilación, detención, exilio y falta de acceso a sus legítimas libertades y derechos. La suma de estas condiciones y el resultado de acciones deliberadas cuyas consecuencias se podían prever, ubicadas en un entorno de acusaciones falsas, decepciones, y, por no qué no decirlo, mentiras flagrantes, impuestas por el uso indebido de la fuerza, una fuerza desproporcionada e indiscriminada, constituyen una violación de los términos de la Convención de Ginebra de 1948.

Como prueba del extenso impacto de las políticas pasadas y actuales de Estados Unidos y del Reino Unido, en el 2009 el American Friends Service Commitee, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que alrededor de un 80 por ciento de los iraquíes encuestados en Irak habían sido testigos de un fusilamiento, un 68 por ciento habían sido interrogados u hostigados por milicias, un 77 por ciento habían sido afectados por ataques con bombas o cohetes, un 72 por ciento fueron testigo de atentados con coches bombas, un 23 por ciento de los iraquíes en Bagdad sufrieron el secuestro de un miembro de su familia, y un 75 por ciento sufrieron la muerte de un familiar o persona cercana.

El Pentágono, edificio del ministero de Defensa norteamericano

Las operaciones militares en Irak desde el 2003 ya le han costado a los Estados Unidos aproximadamente 800 mil millones de dólares, con costos a largo plazo estimados en 1,8 trillones de dólares. En el 2009 el costo estimado para el Reino Unido, de acuerdo a cifras divulgadas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, fue de £8,4 mil millones (alrededor de 13,7 mil millones de dólares). Estados Unidos continúa gastando en la guerra 12 mil millones de dólares por mes. Desde el 2003 Estados Unidos ha desplegado en Irak un total de 513.000 soldados. Aproximadamente 170.000 militares estuvieron destinados a la campaña denominada “Surge” (oleada), en el 2007, y 130.000 permanecieron desplegados a partir de junio de 2009. Además de las fuerzas armadas regulares se cree que el Gobierno de los Estados Unidos emplea hasta 130.000 contratistas adicionales de seguridad privada y se ha negado a divulgar cifras oficiales al respecto. Se ha otorgado a las empresas de seguridad inmunidad general de acuerdo a la ley iraquí. A su vez, no existe mecanismo eficaz ni esperanza para que los iraquíes puedan directamente probar la responsabilidad o enjuiciar a las fuerzas estadounidenses y británicas.

BRussellsTribunal 07 de abril de 2009: Part 1 of 3. "What future for Iraq", by Abdul Ilah Albayaty, geopolitical analyst. This speech was a part of "Occupation Year 7: What future for Iraq?", a series of events organized by The BRussells Tribunal, and took place in the European Parliament, 18 March 2009, in Brussels. Arabic & English subtitles.

TheRealNews 03 de marzo de 2009: For more information visit Porter: Obama’s speech did not do what it intended to, by showing the plan for ending the war in Iraq.

BRussellsTribunal: 01 de abril de 2009: Part 1 of 2. "The situation of the Iraqi oil industry", by Faleh Al-Khayat, oil expert. This speech was a part of "Occupation Year 7: What future for Iraq?", a series of events organized by The BRussells Tribunal, and took place in the European Parliament, 18 March 2009, in Brussels. English.