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Amadeo Martínez Inglés / UCR
Coronel Martínez Inglés Blogspot
13 y 14 febrero 2013

Declaración de Amadeo Martínez Inglés, que el miércoles rechazó asistir al juicio en la Audiencia Nacional

Libros: "El rey que no amaba a los elefantes" - "La Conjura de mayo" (Historia oculta del 23-F) & Opinión: El desafío democrático catalán

Sábado 16 de febrero de 2013, por Redacción

Tras su rechazo a comparecer el 13 de febrero ante la Audiencia Nacional, acusado de "calumnias contra la corona", el juicio contra el ex coronel Amadeo Martínez Inglés ha quedado suspendido hasta nueva fecha. El ex militar había redactado, previamente, el escrito que a continuación reproducimos junto con su visión sobre el denominado problema catalán (secesionismo, separatismo, soberanismo, ...). Asimismo, dos esclarecedores documentos del mismo autor cedidos, por este peculiar y atípico representante de la milicia española, sin contrapartidas y de libre disposición en su blog personal.

Amadeo Martínez Inglés. Declaración ante la Audiencia Nacional

Personado en el día de hoy, 13 de febrero de 2013, a las 11,30 horas, en la Secretaría del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional tras ser citado por una presunta resolución (no se me ha remitido la misma, ergo no la conozco) del, parece ser, Sr. Juez titular de ese Juzgado (en el momento de redactar el presente escrito, un magistrado anónimo, sin identificar, de nombre posiblemente clasificado para evitarle riesgos y por lo tanto susceptible de que yo en estos momentos me refiera a él, sin ningún “animus injuriandi”, como si de un verdadero OJNI, un Objeto Judicial no Identificado se tratara) y que me fue comunicada por medio de una cédula de citación de su Secretaria Judicial, una funcionaria que, asimismo, no se identifica en la misma (su firma es totalmente ilegible) me imagino que por los mismos motivos de seguridad que los de su distinguido jefe (esta Audiencia Nacional, quizá por sus ancestros de TOP franquista, parece querer trabajar en estos momentos en la clandestinidad más absoluta tal vez para blindarse ante las penosas circunstancias de cambio de ciclo político que se avecinan) …

Declaro:

Primero

Los españoles, en estos preocupantes momentos históricos que vivimos, tenemos un problema añadido con nuestro flamante fiscal general del Estado, un señor con currículo desconocido y nombrado a dedo para el alto puesto que ocupa al comienzo de la presente “legislatura de la corrupción” por el Gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento del Partido Popular.

Y es que este probo y alto funcionario, esta máxima autoridad del ministerio público, este, seguramente, honrado y ejemplar político, esta, si me lo permite el interesado, “perita en Dulce” del edificio jurisdiccional español que, eso sí, cumple a rajatabla las órdenes que le da el Gobierno sean éstas las que sean y sin pararse a pensar por su cuenta que para eso lo han elegido y para eso le pagan (en blanco, por supuesto), no se entera de nada o, por lo menos, de bastantes cosas que deberían interesarle sobremanera dado el cargo que ostenta.

Por ejemplo. No se enteró a su debido tiempo, y por eso el profesional que suscribe se ha visto en la tesitura de redactar la presente declaración, de lo siguiente:

1º.- De que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la resolución que emitió a mediados de 2011 con motivo del recurso a tan alto Tribunal elevado por el ciudadano español Arnaldo Otegui, condenado por la Audiencia Nacional a un año de prisión por injurias al rey de España sobre la base de lo que especifica el artículo 490.3 del Código Penal español, dejó bien claro que el citado artículo vulnera el legítimo derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental de la persona humana recogido fehacientemente tanto en la legislación de Naciones Unidas como en la de la Unión Europea, instando a las autoridades españolas a eliminarlo urgentemente de su ordenamiento penal al mismo tiempo que condenaba al Gobierno español a pagar al recurrente una indemnización de veinte mil euros por dañar ese derecho.

Resolución del alto Tribunal Europeo que, en enero de este mismo año 2013, ha sido corroborada en todos sus extremos por una solemne declaración oficial de la Unión Europea en la que rechaza de plano como contraria a los derechos fundamentales del ciudadano en el marco de cualquier Estado democrático y de derecho, la condena impuesta por la justicia tailandesa a un editor de esa nacionalidad que se “atrevió a publicar” un artículo periodístico presuntamente injurioso contra su rey.

2º.- De que el Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas tiene en su poder, desde septiembre de 2005 en el que recibió un primer y exhaustivo documento de 40 páginas remitido también al presidente del Gobierno de la nación y a las más altas instituciones del Estado, cinco prolijos Informes redactados por el historiador militar que emite la presente declaración (unos 300 folios en total) en los que, después de casi treinta años de estudios e investigaciones y con abundantes e irrefutables indicios racionales de culpabilidad, se denuncian variados y presuntos delitos del todavía rey de España, Juan Carlos de Borbón, y se pide la creación de una Comisión Parlamentaria que depure sus presuntas responsabilidades. Del último de estos informes, remitido en diciembre de 2011, el Congreso de los Diputados acusó recibo señalando que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones para su “estudio y tramitación”.

Segundo

Si el, al parecer, ignorante fiscal general del Estado español hubiera tenido conocimiento de lo señalado en el párrafo 2º del punto anterior, es decir, de que los presuntos delitos del monarca español detectados por este investigador militar fueron comunicados repetidamente a las Cortes Españolas desde septiembre de 2005, se hubiera dado cuenta de que son exactamente los mismos que, enmarcados ciertamente en un lenguaje duro y hasta irrespetuoso (un escritor solo debe ser respetuoso con la verdad, máxime en un Estado democrático donde en teoría existe la libertad de expresión), figuran en el famoso artículo “¿Por qué te callas?” que al señor jefe de los fiscales españoles, aleccionado sin duda por alguien situado jerárquicamente por encima de él, le ha parecido, sin el suficiente conocimiento de causa como digo, constitutivo de un delito de lesa majestad, apoyándose en el medieval artículo 490.3 del ordenamiento jurídico español que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha invalidado y rechazado totalmente a través de la sentencia indicada en el punto Primero.1 de la presente declaración.

Tercero

Asimismo, de haber estado enterado de las circunstancias que expongo en el párrafo anterior, como era su obligación y para lo que debió interesar previamente los oportunos informes, el señor fiscal general del Estado, lógicamente, se hubiera abstenido de interferir en el proceso de unas denuncias contra el rey de España que en estos momentos continúan “en estudio y tramitación” en la Cámara Baja de las Cortes Españolas y, lógicamente también, no hubiera tenido la desfachatez de instar (como lo hizo) a la fiscalía de la Audiencia Nacional para que solicitara al Juzgado Central de Instrucción nº 002 de la misma que abriera diligencias previas contra mi modesta pero, vanidad aparte, honrada y honestísima persona: un honorable profesional de las armas españolas que no tiene nada que ver, pero nada, nada ¡no se equivoquen, señores de la Audiencia Nacional! con la panda de mafiosos, narcotraficantes, corruptos y demás golferas con los que ustedes deben relacionarse a diario, incluidos algunos de su misma profesión y con altos cargos en la misma que no dudaron en cargar a las arcas del Estado sus juergas marbellíes.

Me van a perdonar, estimados magistrados, jueces y fiscales de la Audiencia Nacional pero llegado a este punto no me queda más remedio que soltarles, arriesgándome a pecar de vanidoso y, desde luego, muy extractado, mi modesto currículo. Cada cual debe saber con quien se juega los cuartos y ustedes, jueces y fiscales de elite con bastante prepotencia bajo sus (ahora) raídas togas (sí, sí, ya sé que les han bajado sus sueldos, les han quitado sus coches blindados y sus escoltas y están dispuestos a ir a la huelga el próximo día veinte de febrero), son muy amigos de generalizar. Por abajo, se entiende.

Ahí va, señores, más que nada para que lo tengan presente cuando dicten sentencia (dense prisa porque a lo mejor muy pronto, con este régimen político dando sus últimas boqueadas, las sentencias las tenemos que dictar otros y ustedes tienen que irse a buscarse trabajo fuera de España, a Alemania por ejemplo, como la inmensa mayoría de españoles) el pasado profesional de este soldado-escritor o escritor con raíces castrenses (que en tiempos de corruptos y ladrones, como los de ahora, no vienen mal de cara a poder regenerar el podrido sistema en el que habitamos) que les habla:

“Cuarenta años de conducta intachable en el Ejército, mejor currículo de su promoción (ahí están las hojas de servicio), veterano de guerra, condecorado repetidas veces, valor reconocido frente al enemigo, profesor de Estrategia en la Escuela de Estado Mayor, servicios continuados en Paracaidistas y otras Unidades de elite del Ejército de Tierra, en posesión de la práctica totalidad de cursos y diplomas militares españoles y bastantes extranjeros, y, eso sí, separado del servicio activo y metido en prisión en 1989 por la cúpula militar y por el Gobierno del Partido socialista por querer profesionalizar y modernizar las FAS todavía franquistas en aquellas fechas … lo que le llevó a reciclarse como escritor, conferenciante, investigador militar y periodista, con ocho libros y centenares de artículos publicados”.

En resumen, señores jurisprudentes de la AN, y perdonen mi reciente y pequeña vanidad a la que somos tan vulnerables los que ya sumamos muchos años (de servicio a la comunidad, mayormente) y bastantes canas, ustedes, en su jaula de cristal jurisdiccional, lo que pretenden es juzgar e incluso meter en prisión, como sea y de la manera que sea (para amedrentar más que nada al pueblo español que ya ve su futuro unido a la opción política republicana), al honesto mensajero de las depravaciones personales del rey cazador que todavía reina en España bajo mandamiento franquista. La señora o señorita fiscal de ese antiguo TOP donde ustedes prestan sus servicios (más bien los de quienes les mandan) no se ha cortado un pelo a la hora de pedir un castigo ejemplar para el mismo, aunque yo que ella, y para hacerle el último favor a la moribunda monarquía borbónica, no me hubiera parado en barras y habría solicitado directamente el “fusilamiento al amanecer en la plaza pública” del lenguaraz y pérfido vasallo; ejecutada, eso sí, por el mismísimo rey Borbón injuriado, armado con su magnífica escopeta botsuana “troncha elefantes” de doce mil euretes, siempre, claro está, que sus caderas de titanio y sus muletas inteligentes le permitieran a estas alturas una acción homicida similar a la que llevó a cabo en marzo de 1956 en Estoril (Portugal) mandando a los infiernos, y sin mandamiento judicial alguno, a su hermano menor, Alfonso de Borbón.

Cuarto

Y como lo que ustedes, fiscales y jueces de la AN capitaneados por el antes flamante y ahora capitidisminuido fiscal general del Estado, me han imputado es un presunto delito de calumnias e injurias graves contra la corona, debo analizar también, siquiera de una forma sumaria, la otra parte del conflicto, la inviolable figura del presunto agraviado, la divina e inviolable persona de un rey fabricado ad hoc en su día por un militar rebelde, traidor a su pueblo y responsable de una guerra civil y de la muerte de medio millón de ciudadanos españoles. Un monarca ilegítimo de cuyas tropelías, corruptelas y desvergüenzas (de las que él mismo pidió perdón a su asombrado pueblo) parece ser no tenían (ni parece ser tienen todavía) conocimiento ustedes: ni el ya repetidas veces nombrado fiscal general de este Estado español ahogado por la corrupción institucional; ni el juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 002 de la Audiencia Nacional, un juez/policía o un policía desempeñándose como juez, que ha realizado una instrucción del caso “sui generis” ignorando una y otra vez los escritos y las peticiones del acusado en relación con su defensa y con los testigos llamados a evacuar testimonio y que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, dio por buena la imputación del fiscal obviando, asimismo, la doctrina impartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; ni el magistrado del Juzgado Central de lo Penal de la misma Audiencia (el innombrable, el señalado por mí, ante el desconocimiento de su, seguramente, honorable identidad, como OJNI) que pretende, con más moral que el alcoyano, amenazando una y otra vez con lo que él llama “apercibimiento de ley” (déjese de amenazar, señor leguleyo, que a mí no me asusta usted ni un millón de personas como usted aunque vayan en taparrabos y formando la legión macedonia) y cometiendo, como los dos anteriores, un presunto delito de prevaricación, sentarme en el banquillo de los acusados ¡Como no pida ayuda a las masas de “antidisturbios pegones” de la señora delegada del Gobierno en Madrid, va listo!

Quinto

De las decisiones y tomas de postura de estos elitistas funcionarios de la fiscalía y la magistratura que acabo de mencionar, deduzco que ninguno de los tres (ni al alimón ni individualmente) lee habitualmente los periódicos, ni oye la radio, ni ve la televisión, ni han prestado la menor atención a la insólita solicitud de perdón (presentada en sede hospitalaria y con cara contrita) por parte del Borbón regio, en busca agónica de que sus vasallos le perdonen sus juergas cinegético/amorosas. Y, en consecuencia, no me queda más remedio que refrescarles la memoria recordándoles que esa corona española, presuntamente calumniada e injuriada, que ellos, con inmaculada obediencia, tratan de defender pasándose por el forro de sus togas los derechos fundamentales de la persona en una sociedad democrática, es la corona ¡ojo al dato! de Urdangarín; de las cacerías en Botsuana; del “rey que no amaba a los elefantes”; del oso borracho; de la bella Corinna; de la no menos bella Bárbara; de las juergas sexuales continuadas a cargo de los fondos reservados del Estado español; de los yates y residencias veraniegas regalados por empresarios y mandatarios extranjeros; de la fortunita de los 1800 millones de euretes (presuntamente “abarcenados” pero sin cuenta “B” que llevarse a los periódicos); del ya muy antiguo homicidio “involuntario” del cadete Juanito (ya comentado) que, en 1956, con 18 años de edad y siendo un profesional del Ejército español con conocimiento del manejo de toda clase de armas portátiles de las FAS españolas, allá donde ponía el ojo ponía la bala, incluido el joven cerebro de su hermano Alfonso; del pseudo golpe del 23-F, un teatrillo militar montado con sus generales cortesanos para asegurar su tambaleante corona; del mirar para otro lado y dejar hacer cuando los cafres de los GAL preparaban sus crímenes …

Sexto

En el punto primero de la presente declaración yo deslizaba, tal vez con bastante ingenuidad y cierta angelical bondad totalmente impropia de mis años y de mis contrastadas neuronas cerebrales, que en este bochornoso caso jurídico/político en el que me introdujo la Fiscalía General del Estado hace ya más de un año, su titular, el “Dulce” funcionario que la preside, podía haber actuado con supina ignorancia y sin premeditación alguna cometiendo, no obstante, un presunto delito de prevaricación.

- Pero pensándolo bien, y después de leer lo que publicaba a mediados de enero el prestigioso periódico inglés “Iberosphere”, creo que la arrogante imputación contra mi persona no fue tan inocente y que tuvo como fin último amedrentar, además de al pueblo español en general, al profesional que suscribe con todo el peso de la ley (la suya, no la de la Europa democrática) “acojonándolo” (con perdón) para que dejara de incordiar al supremo rey de todos los españoles con sus denuncias y diatribas.

Así se expresaba el periódico inglés:

“Al parecer, el artículo 490.3 estaba muerto. Pero el fiscal general Eduardo Torres-Dulce no lo creía muerto. En diciembre de 2011, el mismo mes en que asumió el cargo con el nuevo Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, un artículo escrito por un autor y activista -nada menos que nuestro veterano coronel Martínez Inglés- apareció en el sitio web de izquierda republicana Canarias Semanal. Se titulaba ”¿Por qué te callas?”, en alusión a las palabras del mismo rey Juan Carlos dirigiéndose a Hugo Chávez cuando, en 2007, el monarca se marchó de una reunión con el presidente venezolano en la Cumbre Iberoamericana”.

“Y decidió resucitar el artículo 490.3 a pesar de haber sido anulado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo unos meses antes. Tal vez pensó que el artículo de Martínez Inglés era un caso tan claro de “lesa majestad” que la gravedad del caso de algún modo anularía la sentencia del Tribunal Europeo en el caso Otegui sobre la libertad de expresión. Tal vez pensaba que el coronel dejaría de ser “tan grosero con el rey” si fuera procesado con todo el peso de la ley. Evidentemente, no conocía muy bien al coronel”.

¡Desde luego, hay que ser todo un sinvergüenza redomado y un claro y presunto prevaricador para, sobre la base de un artículo del Código Penal español que ha sido invalidado y rechazado repetidas veces por las autoridades jurisdiccionales europeas y ostentando el regalado cargo de suprema autoridad del ministerio público de este país, tratar como un delincuente y llevar a los tribunales (un tribunal especial con hondas raíces franquistas encargado de juzgar a terroristas, narcotraficantes y mafiosos) a una persona honesta, a todo un profesional de las armas con más de cincuenta años de servicio a la comunidad y con una conducta intachable que, con toda seguridad, cuando los verdugos de medio pelo que ahora le acosan se meaban todavía en sus pantalones, allá por el año 1958, se jugaba la vida a diario defendiendo a su patria en una guerra lejana, con su pecho cargado de granadas de mano y un subfusil ametrallador en su mano derecha. Todo ello por tener la dignidad de contar a los españoles la pésima catadura moral y la desgarrada personalidad de su rey, un advenedizo señor que consiguió su amadísima corona lamiéndole el culo al sanguinario dictador que lo adoptó, traicionando a su padre y quitando abruptamente de la carrera a su propio hermano.

Y encima, en el contexto de un país como la España actual, carcomida por la corrupción política y el nepotismo más descarado y donde miles y miles de ladrones de cuello blanco, en lugar de estar en la cárcel, siguen ocupando descaradamente poltronas y regios sillones remunerados con cientos de miles o millones de euros al año ¡Todo un despropósito que hiere la inteligencia y la moral de cualquier ciudadano de bien!

Séptimo

Desde luego, este profesional no va a entrar en ese pedestre juego pseudo jurídico y político, en esa parodia montada desde el poder cuyo único fin es intentar asustar, no a mí persona que saben que es misión imposible, sino a los miles, millones de ciudadanos que leen mis libros y mis escritos y que sueñan, con más posibilidades cada día de que su sueño se convierta en gozosa realidad, con un régimen republicano que sea respetuoso de verdad con sus derechos y libertades democráticas.

Ustedes pueden, y termino esta larga declaración, juzgar lo que quieran y como quieran a la orden de sus amos políticos y sin respetar para nada mis derechos de defensa y obviando mis peticiones de testigos, pero yo no voy a colaborar con mi presencia en esa fascistoide y demencial representación. Y les advierto, desde este mismo momento, que su condena, si como es previsible se produce, me la pasaré con todo el cuidado del mundo … por el forro de mi boina de paraca.

Ahora, eso sí, les ruego que no pierdan mucho tiempo en comunicármela pues tengo previsto, en cuanto la reciba, trasladársela al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, a ver si tengo suerte y en lugar de condenarles a ustedes (bueno, al Estado español) a pagarme 20.000 euros como en el caso Otegui, sube el listón condenatorio al doble, o sea a los 40.000, y puedo pegarme este año todo un veraneo regio acompañado de mi sufridora familia. Por una sola vez y sin que sirva de precedente, que estas cosas se pegan …

¡Que la diosa ciega de la balanza de oro les ilumine, señores magistrados y fiscales de nuestra sin par Audiencia Nacional, en su trascendental tarea de impartir justicia en este desgraciado país! Aunque sea tarde, mal y solo para unos cuantos: los de abajo.

Madrid, 13 de febrero de 2013

Amadeo Martínez Inglés , Militar (Coronel). Historiador. Escritor.

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(imágenes: Amadeo Martínez Inglés, vestido de paracaidista ante la Audiencia Nacional; y rodeado de simpatizantes frente al mismo tribunal, el mismo día A.M. - Unidad Cívica por la República / Coronel Martínez Inglés Blogspot).

Suspendido el juicio contra el coronel Amadeo Martínez Inglés CanariasSemanal 13/02/2013

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sello censura

21 de diciembre de 2012

El desafío democrático catalán

Una consulta legítima, democrática … y legal

¿Pero en qué clase de democracia nos estamos desenvolviendo los españoles desde hace ya treinta y cinco años?

¿Pero qué clase de país moderno, europeo, desarrollado y de derecho es éste en el que, porque en una de sus Comunidades Autónomas (Estados federados, más bien, según los países serios y democráticos de verdad) su Gobierno legítimo elegido por el pueblo quiere consultar a sus ciudadanos sobre sus aspiraciones políticas futuras (que pueden ser variadas y nada uniformes), se monta la marimorena política, mediática, social e institucional, se rasgan las vestiduras las plañideras de siempre, y hasta algunos tertulianos con patente de corso para pontificar e, incluso, insultar a quien les venga en gana, predican ya la guerra santa y hablan ya sin tapujos de movilizar a la policía y demás gente armada para que carguen de cadenas a los futuros insurrectos morales y los lleven a galeras?

¿Pero qué Gobierno de la nación tenemos los ciudadanos de este bendito país en el que su vicepresidenta (que cada día que pasa, en sus comparecencias públicas, se parece más a la directora de una guardería de 0-3 años dirigiéndose a sus alumnos después del vaso de leche de las once) dice a los medios que todo el peso de la ley (¿qué ley?) recaerá sobre los malvados y futuros consultores catalanes que quieren destruir la convivencia nacional, cuando todavía nadie sabe como coño (con perdón) van a formular éstos la consulta a sus conciudadanos y si ésta va a ser por “vía de referéndum” (con lo que necesitarían el correspondiente permiso constitucional del Estado, según el artículo 149.1-32ª de la Carta Magna) o no, en cuyo caso no deberían proveerse de permiso alguno, según se desprende del citado artículo de la Constitución?

¿Pero es que aquí, en este arruinado, envilecido y corrupto país, nos hemos vuelto todos locos y en nuestro desvarío congénito como pueblo vemos ya, como nuestro ínclito predecesor don Quijote, que las urnas y los votos catalanes son tanques y cañones de la División Acorazada “Montserrat” y que a bordo de los mismos los soldados de la estelada se dirigen impacientes a sus jefes con aquello tan popular de “Escolti capita, aón anem”?

Bueno, tratemos de serenarnos todos y de clarificar el fondo de esta muy importante cuestión de la legalidad o ilegalidad del ya famoso y reciente desafío democrático catalán porque en este todavía reino de España (aunque en almoneda acelerada) hay muchos ciudadanos que se hacen los tontos, otros que efectivamente lo son sin necesidad de aparentar nada, otros que no lo son en absoluto pero que les pagan para que se lo hagan, y otros muchos también que no es que sean muy listos pero que el problema principal que arrastran es que no han perdido un solo segundo a lo largo de toda su vida en leerse la “modélica” Constitución del 78 (el CIS ya lo dejó muy claro hace unos días), ni los Estatutos de ninguna de las diecisiete Autonomías (más bien las “Autonosuyas” que ideó el franquismo para que todo siguiera igual después de la muerte ¿o no se ha muerto? del dictador), ni el diccionario de la Lengua Castellana para saber de primera mano qué es eso de la “vía de referéndum” ni, por supuesto, la historia de España y menos aún la de Cataluña, que haberla “hayla” aunque no sea tan imperial y negra como la del cojo Felipe II.

Y es que en una democracia (y no digamos en una ya madura, consolidada, avanzada, europea, modélica, moderna… como nos gusta a los españolas retratar la nuestra con más moral que el Alcoyano) no hay, no puede haber, consultas ilegales a la ciudadanía, como no hay ni puede haber manifestaciones ilegales ya que todas, absolutamente todas, están amparadas por la Constitución española y que, como mucho, deberán ser autorizadas por quien corresponda para su perfecto discurrir urbano. Pero nunca, nunca, declaradas ilegales. Como, por otra parte, hace frecuente e indebidamente la incompetente y prepotente delegada del Gobierno en Madrid. Por lo tanto, lo único que puede haber en el ámbito de las consultas populares auspiciadas por las autoridades autonómicas, como en el de las manifestaciones de todo orden a cargo de organizaciones de todo tipo: sociales, sindicales, políticas, familiares, religiosas… etc, etc (dejando de lado, por supuesto, otras muchas expresiones democráticas del pueblo soberano), son tanto consultas como manifestaciones “autorizadas” y “no autorizadas”, pero ambas dentro de la legalidad constitucional.

A este respecto recordemos el artículo 149.1 de la Constitución española que citaba antes. Dice lo siguiente: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

32ª.- “Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”

Es decir, las consultas populares que puedan convocarse en las Comunidades Autónomas por vía de referéndum deberán ser autorizadas por el Estado español (se entiende el Gobierno nacional y las Cortes Generales) esto queda bien claro en el artículo, pero nada dice el mismo (ni ningún otro de la Carta Magna) de las otras consultas que no tengan como fin último el referéndum, o sea, que para nada contemplen la finalidad de que “el pueblo ratifique o apruebe lo que votaron sus representantes con anterioridad” y que, por lo tanto, quedan fuera de la preceptiva y constitucional autorización estatal.

¿Y qué es una consulta “vía referéndum”, se preguntará el lector profano, vaguetón, políticamente incorrecto o simplemente deprimido por la crisis, que acaba de leer las anteriores líneas? Pues para ello deberemos encomendarnos cuanto antes al Diccionario de la Lengua Castellana que, aunque es un tocho impresionante, nos puede sacar de dudas. Efectivamente. El citado refugio literario del lenguaje español dice lo siguiente referido a la palabra “referéndum o referendo”:

“Acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos, con la finalidad de que el pueblo ratifique lo que votaron sus representantes”

O sea, que para que cualquier consulta popular auspiciada por las autoridades de una Comunidad Autónoma española deba solicitar previamente la pertinente autorización del Estado tiene que esconder en su seno el carácter político de un referéndum en toda regla, esto es que su finalidad sea “ratificar lo que previamente han votado ya sus representantes”. Nada dice la Carta Magna, repito, de las consultas que no tengan este fin de “aprobación o ratificación de decisiones previamente adoptadas por los representantes del pueblo soberano” sino simplemente que sean eso “consultivas” de cara a que esos representantes legítimos puedan tener el suficiente conocimiento de lo que piensan sus administrados antes de tomar trascendentes decisiones que pueden afectar a su futuro en el campo de la política, la economía, la ecología, la sociología, la cultura, la lengua, las relaciones exteriores… etc, etc.

Entonces, apreciables compatriotas que ya os veis al borde de una nueva guerra civil por culpa de estos demócratas de pacotilla que nos gobiernan y que evidencian un miedo atroz a las urnas, si la cosa no se ha salido todavía de los cauces legales nacionales, ni es previsible de momento que vaya a hacerlo en el futuro ¿a qué viene toda esa alharaca de gritos, descalificaciones, amenazas, insultos, imputación de delitos…etc, etc contra los legítimos representantes del pueblo catalán elegidos hace escasas semanas en las urnas y que lo único que quieren, y que acaban de decir, es preguntar a sus conciudadanos (y no parece que por vía de referéndum ya que ellos no piensan decidir nada sobre el tema hasta que lo haga el pueblo) cómo desearían que fuera la nación catalana en un futuro a medio o largo plazo? Nada más. Algo perfectamente legítimo, democrático y…además, legal. Porque si hacemos caso al artículo de la Constitución que acabamos de examinar, esa consulta en forma de encuesta general a la ciudadanía catalana, dados los cambios que se perfilan en el horizonte político español como consecuencia de la crisis económica e institucional que arrastra el Estado (hasta el PSOE es abierto partidario a día de hoy de la reforma de la Constitución y de un nuevo Estado federal), no sólo es perfectamente deseable y conveniente sino casi obligatoria para un nuevo Govern que aspire a salir cuanto antes de la crisis general que padecemos y a cimentar unas bases sólidas para el futuro bienestar del pueblo catalán en su conjunto. Y en el tiempo y forma que elijan los propios ciudadanos.

¡Basta ya, pues, de esparcir delitos, deslealtades, traiciones, ignominias… y demás sambenitos anticatalanes por los cuatro puntos cardinales de esta piel de toro, que haría bien en no mirar para otro lado, lamerse sus heridas, sus corrupciones y ponerse a trabajar de una vez! ¡Y olvídense de seguir amenazando, señores prepotentes de la mayoría absoluta pepera, que ya no asustan a casi nadie! Porque puede ser, tal como está el patio español, que sean ustedes y no los dirigentes catalanes recién elegidos los que no estén ya en sus actuales poltronas, dentro de unos meses, cuando éstos decidan llevar a cabo su prometida consulta popular. Y para la realización de la cual, como acabamos de ver, no les hará falta ninguna autorización previa de su omnímodo poder.

Son ustedes, y perdonen la claridad manifiesta de mis palabras señores jerifaltes y jerifaltas del antigobierno popular que padece y sufre este país en ruinas, unos ineptos vándalos políticos que están jodiendo a España entera al consabido grito clerical de ¡Santiago y Cierra España! Van a acabar cerrándola de verdad y para siempre. En estos momentos, es cierto, el sombrajo pétreo de la Transición (franquista hasta la médula) empieza a deshilacharse por sus costuras periféricas sin que nadie sepa en estos momentos hasta dónde llegará el tsunami político y social que acaba de penetrar por el NE de la Península Ibérica. Pero los culpables ni han sido, ni son, ni serán los catalanes, los vascos, los gallegos o cualquier otro pueblo integrado durante siglos en la España que se muere y que ahora, ante el desastre, inician su particular transición a una vida mejor. Los grandes culpables han sido ustedes, el PP y el PSOE, los dos partidos mayoritarios que se han turnado descaradamente durante decenios en el poder y que, adueñándose y repartiéndose prebendas y canonjías sin cuento, han propiciado una descomunal corrupción que ha arruinado y envilecido este desgraciado país. Y sin olvidar, por supuesto, la obsoleta, extemporánea, ridícula, corrupta, banal … monarquía franquista, que con su inanidad y frivolidad manifiestas, ha contribuido como nadie a crear el terrorífico pantano existencial en el que en estos momentos nos ahogamos los ciudadanos españoles.

Fdo: Amadeo Martínez Inglés

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"El rey que no amaba a los elefantes. Vida y caída de Juan Carlos I, el último Borbón", Amadeo Martínez Inglés

- Amadeo Martínez Inglés nos regala su libro: El rey que no amaba a los elefantes (31/10/2012)

La Audiencia Nacional procesa al coronel Martínez Inglés (31/10/2012)

Fuente y más información en: Tercera Información, Canarias Semanal: La Audiencia Nacional, tras las diligencias previas emprendidas en abril de este año, me encausa formalmente por un delito de CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES CONTRA LA CORONA cuya pena privativa de libertad "no excedería de nueve años de prisión" según la resolución del magistrado-juez ISMAEL MORENO CHAMARRO. Esto es, por lo menos, lo que "acuerda, manda y firma" el señor Moreno, magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 002 de la AN en la resolución NIG 28079 27 2 2012 0000530 con la que da por finalizadas las diligencias previas abiertas contra mi persona por el artículo periodístico "Por qué te callas", publicado en diferentes medios digitales (el juez solo cita Canarias Semanal), y en la que señala al citado trabajo como constitutivo de un posible delito de "calumnias e injurias graves contra la Corona cuya pena privativa de libertad no excedería de nueve años de prisión".

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"La Conjura de mayo", Amadeo Martínez Inglés

- Acerca de La Conjura de Mayo (y Anexos).

Entre los documentos reservados del Ejército español aparecen unos confidenciales que precisan con minuciosidad cómo en la madrugada del día 2 de mayo de 1981 se iba a provocar la caída del Gobierno y de la Jefatura del Estado con el fin de variar el orden político democrático. Ese «nuevo Alzamiento», de corte puramente franquista, no llegaría nunca a materializarse porque otro «golpe militar» se cruzó en su camino; el institucional y palaciego «23-F», tachado desde el principio por los poderes públicos españoles de «intentona involucionista a cargo de unos cuantos militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen», aunque en realidad fue una maniobra poíítico-militar-instirucional, nacida en los aledaños de la primera magistratura de la nación, para parar como fuera el peligro de mayo.

En esta nueva obra, el coronel Martínez Inglés desvela por primera vez uno de los secretos mejor guardados de la transición española presentando cómo nació, se preparó, estudió y organizó el golpe duro «a la turca», la gran apuesta golpista denominada «Operación Móstoles» dentro de un movimiento de corte franquista que hubiera podido conducir al país a una nueva guerra civil.

La Conjura de mayo es un libro muy documentado, definitivo, polémico y clarificador de un periodo de nuestra historia en el que se analiza también con todo detalle el verdadero liderazgo del Rey en la trama golpista, el papel de los partidos políticos, la fidelidad de Armada y Milans del Bosch al monarca y las tramas ocultas en el seno del Ejército español para derrotar la democracia.

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"La Conjura de mayo - Anexos", Amadeo Martínez Inglés

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(16 de febrero de 2013)