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Terra, 8 marzo 2013
Marcela Valente, IPS, Buenos Aires, periodismo humano, 6 marzo 2013
Continúa el juicio al Plan Cóndor de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay
vendredi 8 mars 2013, par
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Capital continúa hoy con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el marco del proceso que comenzó el martes en la causa conocida como Plan Cóndor, en la que se juzga a 25 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. El Tribunal Oral Federal 1 de Capital, integrado por Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Laufer, dispuso la unificación de tres causas : Plan Cóndor, Plan Cóndor II y Automores Orletti II. Entre los 25 imputados se encuentran los represores Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Luciano Benjamín Menéndez / El juicio por la coordinación que establecieron las dictaduras de América del Sur en las décadas de los 70 y 80 para perseguir y aniquilar opositores comenzó este martes 5 en Buenos Aires. El proceso se centra en la estrategia coordinada de los regímenes autoritarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ideada para secuestrar, trasladar, torturar y asesinar a cualquiera que fuera percibido como opositor. Ello incluía a guerrilleros y militantes políticos, activistas sindicales, estudiantiles y religiosos, periodistas o incluso familiares que reclamaban por sus seres queridos. “Es la primera vez en América Latina que hay juicio por el Plan Cóndor, para discutir y perseguir penalmente a los responsables, más allá de los procesos que hubo en algún país por casos específicos”, dijo la abogada Luz Palmas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos (ex Liga Argentina por los Derechos del Hombre).
En el Salón Auditorium de Comodoro Py 2002 continúa la lectura de elevación a juicio de las distintas causas.
Una de ellas es la 1.504, caratulada Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal Plan Cóndor.
En la misma se encuentran imputados Videla, Harguindeguy, Menéndez, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.
En esta causa se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos, en un total de 108 casos, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
Por esta causa está previsto que declaren 450 testigos.
La segunda causa es la 1.951, caratulada Lobaiza, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad Plan Cóndor II".
En este caso están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini y se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en un total de 13 casos, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita y de privación ilegítima de la libertad.
En esta causa se estima que el tribunal recibirá más de 50 declaraciones testimoniales.
Finalmente, la tercer causa es la 1.976 caratulada Furci, Miguel Ángel s/privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos ccdt Automotores Orletti II".
En estas actuaciones el único imputado es Miguel Ángel Furci y se le endilgan presuntas violaciones a los derechos humanos, que habrían ocurrido en el período de mayo a noviembre de 1976 en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti.
Se le imputan a Furci 67 casos, atribuyéndosele los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada e imposición de tormentos.
Télam, 08/03/2013
Argentina enjuiciará a 18 participantes del Plan Cóndor, 04/03/2013 : La justicia de Argentina iniciará un juicio contra 18 imputados por su participación en el llamado Plan Cóndor ejecutado durante las dictaduras de la región entre los años 70 y 80 y que implicó tortura, secuestro y asesinato de distintos opositores políticos en estos países. teleSUR
Comienza juicio por Plan Cóndor, 05/03/2013 : El juicio que investigará los crímenes cometidos en los años 70 y 80 en el marco del denominado Plan Cóndor, de coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur, comenzará el martes en Buenos Aires.
Juicio al Plan Cóndor de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay
El juicio por la coordinación que establecieron las dictaduras de América del Sur en las décadas de los 70 y 80 para perseguir y aniquilar opositores comenzó este martes 5 en Buenos Aires con el exdictador argentino Jorge Rafael Videla en el banquillo, junto a otros 24 represores.
El proceso se centra en la estrategia coordinada de los regímenes autoritarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, ideada para secuestrar, trasladar, torturar y asesinar a cualquiera que fuera percibido como opositor. Ello incluía a guerrilleros y militantes políticos, activistas sindicales, estudiantiles y religiosos, periodistas o incluso familiares que reclamaban por sus seres queridos.
“Es la primera vez en América Latina que hay juicio por el Plan Cóndor, para discutir y perseguir penalmente a los responsables, más allá de los procesos que hubo en algún país por casos específicos”, dijo la abogada Luz Palmas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos (ex Liga Argentina por los Derechos del Hombre).
El proceso tiene 25 acusados, entre ellos Videla y otros exgenerales, como Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez. También fue extraditado desde Brasil para este juicio el coronel retirado uruguayo Manuel Cordero, al que la justicia argentina requería asimismo por su actuación en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en Buenos Aires.
Para tres acusados con problemas de salud se dictó la suspensión del proceso, mientras otros 15 originalmente imputados ya fallecieron.
“Orletti fue una base operacional de Cóndor. Los secuestrados extranjeros iban allí, por eso se decidió elevar a juicio oral las dos causas juntas”, explicó Palmas, que representa a sobrevivientes de ese centro de detención y también a desaparecidos en el marco del plan represivo transnacional.
El proceso, que podría extenderse por dos años, juzga la privación ilegal de la libertad de 106 personas secuestradas y desaparecidas. La mayoría son uruguayas (48), pero también hay argentinas, bolivianas, chilenas, paraguayas y una peruana.
El caso se inició en 1999, cuando todavía estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina, que frenaron la actuación judicial sobre crímenes de la última dictadura (1976-1983). La querella utilizó entonces la figura de la desaparición forzada que, como delito permanente, no podía ser amnistiado.
Así prosperó la causa hasta que en 2005 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales [1] esas dos leyes, al igual que los indultos a los excomandantes [2].
Entonces la investigación sumó imputados y víctimas y se aceleró. El proceso también busca acreditar si hubo asociación ilícita.
En el caso Orletti, los delitos son “privación ilegal de la libertad y tormentos”. Las víctimas son 65, y de ellas hay varias sobrevivientes. Algunas, como la uruguaya Ana Inés Quadros, ya declararon en un primer tramo de este proceso, efectuado en 2010, contra cuatro represores que pertenecían a servicios de inteligencia argentinos.
Quadros relató entonces que la habían secuestrado en Buenos Aires en julio de 1976 y llevado a Orletti, donde Cordero la torturó y la violó. Luego la trasladaron a un centro ilegal de detención en Uruguay, y más tarde fue liberada.
Sin embargo, Cordero solo puede ser juzgado por privación ilegal de la libertad en el marco del Cóndor, y no por los delitos que habría cometido en Orletti, pues la justicia brasileña no concedió la extradición para esta segunda causa.
Para Lorena Balardini, coordinadora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales [3] de Argentina (CELS), éste “es el proceso más grande que se hizo hasta ahora en la región por el Plan Cóndor y puede servir de impulso para otros países que están demorados o tuvieron retrocesos”.
En Uruguay, por ejemplo, hubo “un retroceso”, dijo Balardini a IPS en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que declaró el 22 de febrero inconstitucional una norma que establecía el carácter de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, los delitos cometidos durante la represión dictatorial (1973-1985).
“Este juicio es una manera de visibilizar estos hechos y juzgarlos desde la óptica de la coordinación entre dictaduras”, remarcó. Para ello, el CELS, representante legal de varias víctimas, centró su estrategia en casos paradigmáticos en los que se prueba esa articulación.
Por ejemplo, el argentino Marcelo Gelman -hijo del poeta Juan Gelman- y su esposa, María Claudia García Irureta Goyena, secuestrados en Buenos Aires en 1976 cuando él tenía 20 años, ella 19 y estaba embarazada de siete meses.
Marcelo Gelman fue asesinado, y su cuerpo se halló en 1989, pero a María Claudia García [4] la trasladaron de Orletti a Uruguay, donde dio a luz a Macarena Gelman, quien recuperó su identidad en 2000 cuando tenía 23 años. La madre sigue desaparecida.
También el CELS reclamará por los argentinos Horacio Campiglia y Susana Pinus, secuestrados en 1980 en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, y presuntamente trasladados a Argentina donde desaparecieron.
En el marco del Plan Cóndor hubo otros casos resonantes que fueron investigados en causas específicas, como los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores opositores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cometidos en mayo de 1976, y el del expresidente boliviano Juan José Torres, cometido días después.
Según explicó la abogada Carolina Varsky, directora de litigio del CELS, estos crímenes no habían sido integrados a la causa Cóndor, que se instruyó procurando eludir las restricciones impuestas por las normas de amnistía y, por eso, solo recogió delitos permanentes como la desaparición forzada.
Acerca del papel central que jugó en el Plan Cóndor la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA), policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), Varsky lamentó que no se haya podido avanzar en el enjuiciamiento de los autores intermedios o directos de la represión.
Para progresar en la investigación, resultó relevante que el abogado y activista paraguayo Martín Almada hallara en 1992 los Archivos del Terror en una dependencia policial de Asunción, con constancias de los movimientos de víctimas del Cóndor en los siete países [5].
Otra importante prueba fueron los documentos desclasificados del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, en particular uno fechado en 1976 en que un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) describía las acciones coordinadas de las dictaduras sudamericanas, que podían llegar “hasta el asesinato”.
Más info sobre
Argentina, Chile, Cóndor, ejecuciones extrajudiciales, Paraguay, Pinochet, torturas, Videla
periodismohumano, 06/03/2013
Plan Cóndor en Papeles de Sociedad
(8 de marzo de 2013)
El Plan Cóndor, origen, desarrollo y consecuencias
Lesa humanidad : arrancó este martes el juicio en la causa por el "Plan Cóndor"
COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, PARAGUAY (CVJ)
INFORME FINAL- ANIVE HAGUÃ OIKO - 2008
Síntesis y Caracterización del Régimen - Tomo I
Las Principales Violaciones de Los Derechos Humanos - Tomo II - Parte 1
Las Principales Violaciones de Los Derechos Humanos - Tomo II - Parte 2
Las Violaciones de Derechos de Algunos Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo - Tomo III
Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 1
Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 2
Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 3
Tierras Mal Habidas -Tomo IV - Parte 4
Las Secuelas de las Violaciones de Derechos Humanos la Experiencia de las Víctimas - Tomo V
Las Responsabilidades en Las Violaciones de Derechos Humanos - Tomo VI
Algunos Casos Paradigmáticos -Tomo VII - Parte 1
Algunos Casos Paradigmáticos -Tomo VII - Parte 2
Algunos Casos Paradigmáticos -Tomo VII - Parte 3
Documentos Suplementarios -Tomo VIII - Parte 1
Documentos Suplementarios -Tomo VIII - Parte 2
Documentos Suplementarios -Tomo VIII - Parte 3
Documentos Suplementarios -Tomo VIII - Parte 4
Documentos Suplementarios -Tomo VIII - Parte 5
(10 de marzo de 2013)
[1] Argentina
Dictamen revive juicios contra militares
Por Marcela Valente
Buenos Aires, 14 jun (IPS) - En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró este martes inconstitucionales las llamadas leyes de perdón que en 1987 dejaron libres de proceso a miles de policías y militares que habían participado de la represión contra opositores de la última dictadura (1976-1983).
La extensa argumentación del fallo sostiene que a partir de la reforma de la Constitución, en 1994, el Estado argentino ”asumió frente al derecho internacional y, en especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes de jerarquía constitucional que limitan las potestades del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos” como el puesto a consideración del tribunal.
También señala que si bien las leyes de perdón se sancionaron con la idea de ”dejar atrás enfrentamientos entre civiles y militares”, en la medida en que se orientan al olvido de graves violaciones de derechos humanos ”se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables”.
El dictamen, votado afirmativamente por siete de los nueve magistrados, constituye un aval jurídico para el avance de medio centenar de procesos que habían quedado prácticamente paralizados por la promulgación de las leyes de ”punto final” y de ”obediencia debida”.
Ambas normas sucedieron al histórico juicio de 1985 contra los comandantes militares que llevaron adelante el golpe de Estado y condujeron la dictadura.
La ley de punto final, sancionada por el parlamento en diciembre de 1986, estableció un plazo de 30 días para iniciar procesos contra delitos vinculados con la represión violenta en el régimen militar, cumplido el cual extinguió nuevas acciones penales.
La ley de obediencia debida, promulgada en junio del año siguiente, determinó que todos los uniformados subalternos a los comandantes de la dictadura no eran punibles por los crímenes cometidos, en virtud de haber actuado en subordinación a la autoridad superior.
Las dos leyes dejaron fuera los delitos de secuestro y apropiación ilegal de menores, prácticas habituales de las fuerzas de seguridad, que solían capturar a familias enteras.
El Congreso legislativo derogó esas leyes en 1998, aunque sin efectos retroactivos, y las anuló en 2003, en un pronunciamiento político insuficiente para descongelar los juicios.
Por eso, aunque muchas causas fueron reanudadas en los últimos dos años, no avanzaron con el ritmo debido, a la espera del aval del máximo tribunal.
Ese pronunciamiento llegó este martes con el fallo sobre el caso del represor Julio Simón, acusado por el secuestro de Marta Hlaczik y José Poblete.
Simón había sido procesado por la apropiación de la hija de la pareja, Claudia Poblete, secuestrada con ocho meses de edad junto a su madre. La niña fue entregada a un militar y su esposa, que ocultaron su identidad por más de dos décadas.
Cuando la joven fue encontrada y recuperada por su familia biológica, comenzó una batalla judicial contra Simón y otros uniformados que fueron procesados por la apropiación de Poblete, pero no podían ser juzgados por la desaparición de los padres, pues estaban amparados por las leyes de perdón.
La justicia consideró inadmisible que Simón se escudara en el cumplimiento de órdenes para justificar ”los hechos aberrantes y de ilicitud manifiesta” perpetrados contra Hlaczik y contra José Poblete, quien había perdido sus dos piernas en un accidente y fue sometido a crueles torturas.
En esa causa, en la que fueron querellantes la familia Poblete, la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Gabriel Cavallo falló en 2000 que las leyes de perdón eran inconstitucionales.
Ese dictamen fue respaldado en segunda instancia por la Cámara Federal, y por la Corte Suprema este martes.
El director del CELS, Víctor Abramovich, dijo a IPS que el fallo autorizaba el avance de causas en trámite contra militares, pero sobre todo representaba ”una fuerte señal de fortalecimiento de las instituciones” democráticas, ”muy degradadas por la impunidad de los últimos años”.
La misma jurisprudencia alcanzará ”más tarde o más temprano” a los indultos decretados en 1989 por el entonces presidente Carlos Menem para favorecer a los ex comandantes condenados. De hecho, algunos magistrados ya habían declarado no constitucionales dichos indultos, y esos fallos llegarán pronto al máximo tribunal.
Según estimaciones del Ministerio de Defensa, entre 500 y 1.000 uniformados podrían ser citados a declarar en varios procesos que ya se habían reactivado tras la anulación legislativa de las leyes de perdón. La mayoría de los imputados están retirados de la actividad.
El número preciso de militares y policías implicados es difícil de estimar. El experto en cuestiones militares Rosendo Fraga estima que podrían llegar a 6.000, pero Abramovich cree que no son más de 400, de los cuales apenas 10 por ciento está en actividad.
El impacto más acotado de este fallo permite prever que no habrá riesgo de resistencia militar a los juicios, como existió en los años 80, explicó el abogado.
El propósito de la ley de punto final fue poner un límite temporal a los procesos contra militares subordinados. Pero la justicia eludió la restricción mediante una masiva convocatoria de uniformados a los tribunales.
Sectores de las fuerzas armadas protagonizaron entonces una asonada contra el poder civil, que, bajo la amenaza castrense, acabó dando a luz en 1987 la ley de obediencia debida.
Ese escenario parece definitivamente superado en 2005, entre otras razones por el paso del tiempo, que dejó fuera de actividad a la gran mayoría de implicados.
También es nueva la integración de la Corte de Justicia, hasta hace unos años cuestionada de fallar en forma parcial y favorable a los intereses del poder político.
De los siete magistrados que se pronunciaron contra las leyes este martes, cinco fueron incorporados al cuerpo en los últimos cuatro años, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. Los últimos cuatro fueron propuestos por el presidente Néstor Kirchner.
El mandatario dijo este martes que las leyes de perdón ”llenaban de vergüenza” a los argentinos y destacó que el fallo ”devuelve la fe en la justicia”. El ministro de Defensa, José Pampuro, relativizó la inquietud militar que podrían provocar las citaciones judiciales.
El funcionario señaló que ya han sido procesados 150 militares en decenas de causas abiertas en todo el país en las que se investigan desapariciones forzadas durante la dictadura, que fueron 10.000 (según un informe oficial) o 30.000 (de acuerdo con organizaciones de derechos humanos).
Los procesos con mayor cantidad de imputados incluyen los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, y los del I Cuerpo de Ejército, unidad de la que dependían la mayoría de los centros clandestinos de detención de la capital y de la provincia de Buenos Aires.
Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron con enorme satisfacción. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró pues se podrá juzgar a los militares en su propio país ”y con toda la ley y las normas constitucionales que nuestros hijos no tuvieron”.
”Las leyes nos agobiaron con la impunidad. Durante años convivimos con ladrones y asesinos”, dijo la dirigente. Su hija, Laura Carlotto, fue secuestrada en 1976 y asesinada poco después de dar a luz un niño al que llamó Guido, y al que su abuela busca desde hace casi 30 años.
Mediante diversos testimonios de supervivientes, Carlotto reunió datos que le permitieron identificar al asesino de su hija. Pero ni siquiera había iniciado la denuncia, por la barrera que implicaban las leyes de perdón. Ahora está decidida a recorrer ese camino.
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se expresó muy contenta con el fallo, aunque cauta respecto de su aplicación. Bonafini destacó el ejemplo dado a los jóvenes por las organizaciones humanitarias que después de tantos años consiguieron poner fin a la impunidad.
Pero la activista puso en duda que muchos militares condenados permanezcan tras las rejas, pues abundan los mayores de 70 años que pueden acogerse al beneficio de prisión domiciliaria y al cuidado de sus familias.
IPS.
[2] - "Fallo Corte Suprema. Nulidad Ley de Obediencia Debida y Punto Final", Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, República Argentina, 14-06-2005 & "Derechos humanos : histórica decisión de la Justicia. Fueron anuladas las leyes del perdón", Adrián Ventura, La Nación, 15-06-2005.
[3] 02/03/2013
Comienza el juicio oral por el Plan Cóndor
Autor : CELS
El próximo martes 5 de marzo a partir de las 10 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1) -integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer- dará inicio al juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Las audiencias se realizarán en la sala Auditórium de los tribunales de Comodoro Py 2002, CABA. Para presenciar el debate hay que presentarse una hora antes con DNI o pasaporte en el piso 6° en la secretaría del TOF 1.
En este juicio, se encuentran imputados Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel de Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Horacio Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Miguel Landoni, Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Manuel Juan Cordero Piacentini, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, José Julio Mazzeo, Horacio de Verda, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Enrique Braulio Olea, Mario Alberto Gómez Arenas, Juan Avelino Rodríguez y Miguel Ángel Furci. Por su parte, el TOF 1 dispuso la suspensión del juicio a los imputados Ernesto Arturo Alais y Ramón Genaro Díaz Bessone por razones médicas y ordenó la realización de exámenes clínicos trimestrales. Los siguientes imputados fallecieron antes del comienzo del juicio oral : Eduardo Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Cristino Nicolaides, Antonio Guillermo Minicucci, Luciano Adolfo Jáuregui, Francisco Javier Molina, Juan Pablo Saa, Juan Bautista Sasiaiñ, José Rogelio Villarreal, Rodolfo Enrique Luis Wehner, Alejandro Agustín Arias Duval, Julián Eduardo Capanegra, Ramón Díaz Olivera, Edgar Gustavo Gomar y Rubén Alberto Graziano.
Se conoce con el nombre de Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia durante las décadas de 1970 y 1980.
Los abogados y abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) patrocinan a los familiares de los ciudadanos argentinos Horacio Campiglia, Susana Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en Argentina. Además, el CELS encabeza la querella y se constituyó como querellante colectivo por los hechos ocurridos en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, que funcionó como una de las principales bases de operaciones del Plan Cóndor.
Las víctimas
En la causa Plan Cóndor, se juzgarán las responsabilidades sobre los crímenes cometidos contra : Campiglia Horacio Domingo, Pinus de Binstock Mónica Susana, Habegger Norberto Armando, Reyes González, Manuel Federico ; Seminario Preciado, Carlos Alberto ; González de la Vega, Oscar Hugo ; Corinaldesi de Stamponi, Mafalda ; Choque Cabrera, Fausto ; Stamponi, Luis Faustino ; Rutilo Artes, Graciela ; Lara Torres, Jaime Rafael ; Villa Isola, Efraín Fernando ; Villavicencio Calderón, Jorge Hernán ; Jordán Vercellone, Juan Carlos ; Oviedo Morales, Walter Eduardo ; Saenz Bernal, Reinaldo Lásaro ; Vargas Orozco, Johnny ; Suárez Balladares, Erasmo ; Rojas Caballero, Máximo ; Enríquez Espinosa, Edgardo ; Elgueta Díaz, Luis Enrique ; Tamayo Martínez, Manuel Jesús ; Muñoz Velázquez, Luis Gonzalo ; Hernández Zaspe, Juan Humberto ; Jaccard Siegler, Alexei Vladimir ; De la Maza Asquet, José Luis ; Orellana Castro, Miguel Iván ; Carreño Araya, Cristina Magdalena ; Athanasiú Jara, Ángel ; Athanasiú Laschan, Pablo Germán ; Laschan Mellado, Frida Elena ; Rojas Campos, Carlos Patricio ; Delard Cabezas, Carmen Angélica ; Delard Cabezas, Gloria Ximena ; Appel de la Cruz, José Luis ; Zaragoza Olivares, Luis Arnaldo ; Espinoza González, Luis Alejandro ; Urra Ferrarese, Oscar Julián ; Ossola de Urra, Susana ; Ferrada, Rafael Antonio ; Oyarzun Manso, Oscar Orlando ; Cram González, Washington ; Trías Hernández, Cecilia Susana ; Urtasún Terra, José Luis ; Silveira Gramont, María Rosa ; Maidana Bentín, Félix ; Borelli Cattáneo, Raúl Edgardo ; Cabezudo Pérez, Carlos Federico ; Lezama González, Rafael Laudelino ; Moreno Malugani, Miguel Ángel ; Prieto González, Rubén ; Alfaro Vázquez, Pedro Daniel ; Severo Barreto, Ary Héctor ; Epelbaum, Lila ; Epelbaum, Claudio ; Bentancour Garín, Walner Ademir ; Rodríguez Liberto, Félix Antonio ; Méndez Donadío, José Hugo ; Candia Correa, Francisco Edgardo ; Burgueño Pereyra, Ada Margaret ; Gándara Castroman, Elba Lucía ; Carretero Cardenas, Casimira María del Rosario ; Recagno Ibarburu, Juan Pablo ; Cabrera Prates, Ary ; Mechoso Méndez, Alberto Cecilio ; Tejera Llovet, Raúl Néstor ; Soba Fernández, Adalberto Waldemar ; Arnone Hernández, Armando Bernardo ; Queiro Uzal, Washington Domingo ; Machado, Modesto Humberto ; Río Casas, Miguel Ángel : Lerena Costa de Corchs, Elena Paulina ; Bosco Muñoz, Alfredo Fernando ; D’elía Pallares, Julio César ; Dossetti Techeira, Edmundo Sabino ; García Ramos de Dossetti, Ileana Sara María ; Duarte Lujan, León Gualberto ; Rodríguez Mercader, Carlos Alfredo ; Errandonea Salvia, Juan Pablo ; Chizzola Cano, Eduardo Efraín ; Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes ; Hernández Hobbas, Woshington Fernando ; Grispón de Logares, Mónica Sofía ; Logares, Claudio Ernesto ; Artigas Nilo de Moyano, María Asunción ; Moyano, Alfredo ; Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto ; Islas Gatti de Zaffaroni, María Emilia ; García Irureta Goyena, María Claudia ; Rodas, Néstor ; Méndez Fleitas, Epifanio ; Filártiga Martínez, Juan Alberto ; Benítez o Benítez Gómez, Florencio ; Ledesma Medina o Medina Ledezma, Oscar Eladio ; Roa Espinosa o Espinoza, Emilio ; Maidana, Antonio ; Tatter Morinigo, Jorge Federico ; Penayo Ferreyra o Ferreira, Juan José ; Vera Báez, Cátulo ; Ballestrino de Careaga, Esther, Carrillo Rodríguez, Fausto Augusto ; Logoluso, José Alejandro ; Landi Gil, Marta Dora ; Nell o Nell Granda, José o José Luis ; Santana Escotto o Scotto, Nelson Rodolfo ; Inzaurralde Melgar o Insaurralde Melgar, Gustavo Edison ; Goiburú Jiménez o Giménez, Agustín.
En la causa Orletti se juzgarán las responsabilidades sobre los crímenes cometidos contra : María del Pilar Nores Montedónico, Gerardo Francisco Gatti Antuña, Washington Pérez, Jorge Washington Pérez, María del Carmen Martínez Addiego, Elizabeth Pérez Lutz, Jorge Raúl González Cardozo, Julio César Rodríguez Rodríguez, Enrique Rodríguez Larreta –hijo-, Raquel Nogueira Pauillier, Enrique Rodríguez Larreta –padre-, Cecilia Irene Gayoso, Mónica Soliño Platero, Marta Bianchi, Luis Brandoni, María del Carmen Otonello, Sara Rita Méndez, Asilú Maceiro, Ana Inés Quadros, Eduardo Deán Bermúdez, María Margarita Michelini Delle Piane, Raúl Altuna Facal, Edelweiss Zahn, Sergio López Burgos, José Félix Díaz, Laura Anzalone, María Elba Rama Molla, Ariel Rogelio Soto Loureiro, Alicia Raquel Cadenas Ravela, Ana María Salvo Sánchez, Gastón Zina Figueredo, Víctor Hugo Lubián Peláez, Marta Petrides, Carlos Híber Santucho, Manuela Santucho, Cristina Silvia Navaja, Ricardo Alberto Gayá, Gustavo Gayá, Ana María del Carmen Pérez, Jesús Cejas Arias, Cresencio Nicomedes Galañena Hernández, Carolina Sara Segal, Néstor Adolfo Rovegno, Guillermo Daniel Binstock, Efraín Fernando Villa Isola, Graciela Rutila, José Luis Bertazzo, Patricio Antonio Biedma, Marcelo Ariel Gelman, Nora Eva Gelman Schubaroff, Luis Edgardo Peredo, Ubaldo González, Raquel Mazer, Dardo Albeano Zelarayán, María Elena Laguna, Victoria Lucía Grisonas, Beatriz Victoria Barboza, Francisco Javier Peralta, Álvaro Nores Montedónico, Graciela Elsa Vergara, José Ramón Morales –padre-, Luis Alberto Morales, Nidia Beatriz Sáenz, José Ramón Morales –hijo-, Graciela Luisa Vidaillac, Brenda Orlinda Falero Ferrari y José Luis Muñoz Barbachán.
[4] DDHH-Uruguay
Tras 20 años, primeros arrestos de represores
Por Diana Cariboni
Montevideo, 6 may (IPS) - Por primera vez desde la restauración democrática de 1985 en Uruguay, seis agentes de la dictadura acusados de violaciones de los derechos humanos fueron arrestados entre el viernes y este sábado. Están requeridos en extradición por la justicia argentina.
La jueza uruguaya Aída Vera Barreto ordenó en la víspera el arresto de seis de los siete acusados de la desaparición en 1976 de la ciudadana argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, en respuesta al pedido de prisión preventiva librado esta semana por la justicia del país vecino.
El subsecretario del Interior de Uruguay, Juan Faroppa, dijo a IPS que el ex militar Ricardo Arab estaba detenido en dependencias policiales desde el viernes, mientras que permanecían arrestados desde este sábado en unidades castrenses los oficiales retirados José Gavazzo, Jorge Silveira y Ernesto Rama.
En tanto, el ex policía Ricardo Medina, que se encontraba prófugo, fue detenido y enviado también a dependencias policiales. Otro de los acusados, el militar retirado Gilberto Vázquez, se entregó por la tarde al comando del Ejército.
Todos los detenidos comparecían este sábado ante la jueza Vera Barreto, que ratificó los arrestos. Los acusados pueden permanecer hasta 30 días detenidos en espera de que se inicie el trámite para determinar si se dará curso a su extradición.
El próximo lunes, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, entregará a la cancillería de este país los exhortos de las extradiciones, cuya tramitación por el Poder Judicial puede demorar un año.
El pedido de la justicia argentina comprende también al ex comandante en jefe del ejército, Julio César Vadora, ya fallecido.
La justicia argentina investiga la responsabilidad de los uniformados uruguayos en la desaparición y presunta muerte de García, secuestrada en agosto de 1976 en Argentina por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983), junto con su esposo Marcelo Gelman, cuyo cadáver apareció poco después.
García, de 19 años y con un embarazo de ocho meses y medio, fue trasladada a Uruguay por personal militar uruguayo en octubre de ese año e internada en un centro de detención ilegal.
Luego de dar a luz, fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, presuntamente Medina, según las investigaciones en Argentina.
La hija de García, Macarena Gelman, fue identificada y ubicada en Uruguay, donde había sido criada por la familia de un policía desde que le fue sustraída a su madre. Esta historia se pudo conocer gracias a años de investigaciones llevadas a cabo por su abuelo, Juan Gelman.
El gobierno uruguayo del socialista Tabaré Vázquez, iniciado en marzo de 2005, puso en marcha una campaña para hallar los restos de unos 26 desaparecidos en este país presuntamente enterrados en cuarteles y otros predios militares, de un total de unos 200 con igual destino trágico, la mayoría de los cuales fueron secuestrados en Argentina.
Hasta ahora sólo se han podido identificar los restos de Ubagesner Chávez Sosa y de Fernando Miranda, sepultados en distintos lugares cercanos a Montevideo y en jurisdicción militar tras ser asesinados en sesiones de tortura.
Un informe del Ejército entregado al gobierno a mediados del año pasado, con lo que parecía la indicación precisa de los restos de García, no condujo a nada, tras meses de excavaciones.
Simultáneamente, un proceso judicial en Uruguay contra los sospechosos del crimen de la joven argentina fue archivado en agosto de 2005, cuando el fiscal consideró que el caso estaba comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pese a la opinión contraria del Poder Ejecutivo.
Esa norma fue aprobada en 1986 y ratificada por referéndum en 1989 con el propósito de alejar de los tribunales civiles a militares y policías acusados de secuestro, tortura, asesinato y otras violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Los secuestros de Gelman y de García fueron perpetrados en el marco de las operaciones represivas conjuntas de las dictaduras sudamericanas, en los años 70 y 80, conocidas como Plan Cóndor. (FIN/2006)
IPS.
