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Analia Rodriguez-Red Eco Alternativo
28 enero 2011

Argentina: La niñez arriesgada y condenada y la impunidad (policial, judicial, política, mediática) como norma de la sociedad dividida en clases

Jueves 3 de febrero de 2011, por Redacción

¿Constituye la república argentina un paradigma, sangrante y palpable, de las contradicciones inherentes a la sociedad dividida en clases? La impunidad de los distintos aparatos del estado no es mayor que la de otros estados, tanto en el continente americano ---Honduras, Colombia, Haití, México, Perú, ..., como en el europeo. La inseguridad de los menores argentinos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en los seis ámbitos considerados (marginación, salud, educación, trabajo, vivienda, sexualidad), víctimas además de torturas, asesinatos y desapariciones, se corresponde fielmente con el papel asignado al estado y economía argentina en el reparto global establecido y definido en instancias y por instituciones financieras y corporaciones transnacionales que hacen oídos sordos y pretenden ignorar y eludir su responsabilidad criminal y directa en el genocidio perpetrado a diario contra millones de personas, gran parte de ellas menores, a quienes en el summum del cinismo y la hipocresía se criminaliza cada día más. Círculo infernal que es posible romper, que también día a día se resquebraja y por todas partes hace agua cuando, como constantemente nos recuerdan los compañeros argentinos (y por encima de corrompidos periodistas - políticos - jueces y fiscales - policías y demás funcionarios corruptos), exigen la aparición con vida de Luciano Arruga. Porque, hoy más que nunca, Luciano somos todos.

Cíclicamente el debate vuelve. Cada vez que un chico menor de 18 años es involucrado en un caso de homicidio o robo vuelve a ponerse en el tapete mediático la idea de bajar la edad de punibilidad, es decir, la edad a partir de la cual se introduce en un sistema penal a un adolescente.

Sin embargo datos de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense dan cuenta que sólo 7 de cada 100 homicidios producidos en la provincia de Buenos Aires durante el primer semestre de 2010, fueron cometidos por menores de 18.

Ahora, cabe preguntarse ¿quién se encuentra en mayor peligro, la “sociedad” que exige encarcelar a los adolescentes, o los más de 2 millones de chicos menores de 18 años pobres con los que cuenta el país? ¿Cuál será el destino de los 500 mil chicos que no estudian ni trabajan en la provincia de Buenos Aires, con la tan mencionada baja de la edad de imputabilidad? [1].

En esta oportunidad el homicidio de un hombre en Tolosa y la detención de un chico de 15 años acusado del delito desataron la nueva ronda de declaraciones. Y nuevamente, un solo caso permite estigmatizar a todos los chicos/as que se vuelven potenciales delincuentes y, por lo tanto, peligrosos para la sociedad.

Sociedad que no los contiene, no los protege, que los expulsa y los condena.

Pero las estadísticas permiten detectar este error. De acuerdo a los datos de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, en los primeros seis meses de 2010 hubo 1362 homicidios en la Provincia. Sólo 98 de ellos fueron cometidos por chicos, esto representa 7,2% de los crímenes. De estos casos 9 fueron cometidos en ocasión de robo y 4 criminis causa -para ocultar otro delito. Es decir que los homicidios protagonizados por chicos menores de 18 años, en el marco de un delito representan aproximadamente el 1% del total ocurridos durante el primer semestre de 2010 en la provincia de Buenos Aires.

Ahora, cabe preguntarse ¿quién se encuentra en mayor peligro, la “sociedad” que exige encarcelar a los adolescentes, o los más de 2 millones de chicos menores de 18 años pobres con los que cuenta el país? ¿Cuál será el destino de los 500 mil chicos que no estudian ni trabajan en la provincia de Buenos Aires, con la tan mencionada baja de la edad de imputabilidad?

Quizás permitan legitimar hechos como los denunciados por la Asamblea por los derechos de la Niñez – La Plata hace poco más de un año con relación a las Detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle [2]: La policía oculta la mayoría de las detenciones sin dar notificación a los defensores de menores y jueces de garantías de turno, lo que impide el debido control de la justicia; las detenciones son acompañadas por torturas de toda clase; los niños son encerrados junto con adultos, esposados, y por un tiempo mayor al permitido para la detención de adultos (12 horas); no se les permite el derecho a llamar a personas de su confianza; los niños y niñas pobres son utilizados por redes delictivas policiales, para cometer delitos a cambio de dinero o el suministro de drogas; cuando ellos/as quieren salir de ese círculo o no aceptan ingresar en él, son amenazados, golpeados, asesinados o desaparecidos, como sucedió con Luciano Arruga en Lomas del Mirador [3], [4], [5].

Contemplemos también lo que sucede con los chicos y chicas que la Justicia decidió mantener en instituciones para su “resocialización”. El año pasado la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violación de los derechos de los niños alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), en la comisaría de Fray Luis Beltrán y en el Centro de Atención Transitoria (CAT) [6], [7].

Algunos jóvenes de distintos sectores contaron, en la sala de visita, que estando esposados fueron golpeados por personal del servicio penitenciario, mostrando las marcas visibles en la espalda, también tenían golpes en la cabeza. A su vez, se denunció la falta de higiene, el taponamiento de las cloacas donde sobrenada la materia fecal, la presencia de ratas, paredes impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo.

Por los institutos santafesinos de menores pasan casi 3 mil chicos que padecen esta situación, de los cuales el 26 por ciento sufre el sistema de puertas cerradas.

Cuando es el Estado mismo el que vulnera los derechos de los chicos y chicas, los criminaliza, los empobrece, les cierra las posibilidades de futuro y los asesina; bajar la edad de imputabilidad le resulta la solución lógica. Pero deberían preguntarse cómo controlarán las nuevas instituciones que deberán crear para niños/as de 14 años si no pueden controlar las que tienen hoy. Si la Constitución Nacional y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26.061) no se cumplen hoy con las instituciones existentes, qué protección –o para quién es la protección- que garantizará esta nueva ley.

(3 de febrero de 2011)


[1MAPA DE MENORES DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA

INSEGURIDAD: MARGINACION

6,3 millones de menores de 18 años son pobres, de los cuales 3,1 millones directamente pasan hambre.

6 de cada 10 chicos viven en la pobreza e indigencia.

4 de cada 10 chicos pasan hambre en nuestro país.

INSEGURIDAD: SALUD

6,3 millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico (47,2% de los menores de 18 años)

25 recién nacidos se mueren diariamente. 14 de ellos son por causas evitables.

9 millones de chicos no tienen derecho a percibir una asignación familiar a través del actual esquema de seguridad social

203 mil menores hasta 14 años de edad padece algún tipo de discapacidad, ya sea congénita o adquirida, la mayoría de ellas son por causas evitables.

INSEGURIDAD: EDUCACIÓN

1,9 millones de menores de 18 años no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo.

63% es el nivel de deserción escolar. Más de la mitad de los jóvenes que ingresan al secundario lo abandonan.

10% de los chicos tienen retrasos en el desarrollo educativo por falta de alimentación en los primeros años de vida.

1,8 millones de menores de 18 años con discapacidad, si bien asistieron en alguna oportunidad a la escuela, están excluidos del sistema educativo.

INSEGURIDAD: TRABAJO

1, 2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan.

70 % de la juventud se encuentra desocupada o en condiciones de precariedad laboral.

4 de cada 10 desocupados tiene menos de 24 años.

8 de cada 10 jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de flexibilización laboral (trabajo en negro, contratos basura, pasantías) con jornadas que pueden extenderse hasta 14 hs diarias y magros salarios.

70 mil jóvenes con discapacidad –sólo un cuarto del total– tienen trabajo en forma precaria. Los estados –nacional y provincial- no cumplen con los cupos de incorporación a planta de personal estatal de dichos jóvenes.

INSEGURIDAD: VIVIENDA

1,2 millones de menores viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón de chicos no tienen agua corriente.

7 millones de chicos menores de 18 años viven en hogares en los cuales los jefes de hogar tienen una inserción laboral precaria.

INSEGURIDAD: SEXUALIDAD

105.000 adolescentes dieron a luz en último año.

1 de cada 4 jóvenes mujeres que utilizan anticonceptivos no tiene la suficiente información para el uso de los mismos.

29% de los embarazos no deseados responden a esta falta de educación sexual en los jóvenes.

Crecen los casos de niñas y adolescentes que son forzadas a la prostitución y a la explotación sexual comercial, la mayoría de las veces con complicidad de las fuerzas de seguridad.

Datos: Red Nacional de Medios Alternativos

rnma@rnma.org.ar

www.rnma.org.ar

- "La niñez arriesgada", Red Eco Alternativo, 28-12-2008.

[2Detener a niños y niñas es completamente ilegal

Friday, 30 de October de 2009

La Asamblea Permanente por los derechos de la Niñez - La Plata dio a conocer un comunicado en el que repudia un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado provincial. El mismo explicita que se extendería de 12 a 24 horas el plazo en que un menor podrá estar privado de su libertad en las comisarías provinciales. La Asamblea manifiesta que dicho proyecto profundizará la criminalización de la niñez.

A su vez manifestó que es completamente ilegal detener a niños y niñas en comisarías, en relación al fallo que hace dos semanas dio la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Ciudad de La Plata sobre la presentación realizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que habilita a la policía a realizar dicha detención por averiguación de identidad o para ser restituidos a sus padres.

Además agregó que “la realización de estas detenciones constituye violaciones a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y son inconstitucionales.

Por otro lado, cuando el Estado las realiza de manera sistemática, como campaña de “limpieza social” hacia la población infantil que vive o trabaja en la calle, no hay manera de refutar que se está llevando adelante un evidente GENOCIDIO”.

Ver comunicado completo:

Comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez - La Plata

La Plata, 26 de Octubre de 2009

El pasado jueves 22 de Octubre, obtuvo la media sanción en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto que extiende de 12 a 24 horas el plazo en que un menor podrá estar privado de su libertad en las comisarías provinciales.

Dicho proyecto, que lleva la firma de la Senadora por el Frente Para la Victoria, Edda Acuña, plantea la modificación de tres artículos de la Ley 13.634 del “Fuero de Familia” y del “Fuero Penal del Niño, a partir de los cuales se allana el camino para profundizar la criminalización de la niñez.
Esta iniciativa, se da en un marco donde distintos sectores del poder vienen articulando en bloque una “legalización” de prácticas policiales abusivas, que en lo cotidiano se realizan de facto y que son pasos que buscan legitimar en la sociedad el intento de bajar la edad de imputabilidad.

Del mismo modo, hace dos semanas la Cámara de Apelaciones y Garantías de la Ciudad de La Plata hizo lugar a una apelación presentada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habilitando a la policía a detener a niños y niñas en las comisarias por averiguación de identidad o para ser restituidos a sus padres. Dicha apelación, busca dejar sin efecto una resolución dictada por el Juez Luis Arias en Octubre de 2008 que considera inconstitucionales las detenciones a menores.

Haciéndose eco de esta última y vergonzosa apelación, los medios de comunicación han titulado en las páginas de sus diarios y en las pantallas de TV que “nuevamente se podrá detener a menores en las comisarías de la ciudad de La Plata”, a raíz de esto desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, manifestamos que:

NO ES CIERTO QUE SE PUEDA DETENER A NIÑOS Y NIÑAS EN COMISARÍAS. ES COMPLETAMENTE ILEGAL.

El fallo que hizo lugar al hábeas corpus a favor de los niños y niñas de la ciudad de la Plata, se encuentra vigente hasta tanto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resuelva el recurso de apelación presentado por el defensor del Fuero Penal Juvenil número 16, Julián Axat.

Además, la realización de estas detenciones constituye violaciones a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y son inconstitucionales. Por otro lado, cuando el Estado las realiza de manera sistemática, como campaña de “limpieza social” hacia la población infantil que vive o trabaja en la calle, no hay manera de refutar que se está llevando adelante un evidente GENOCIDIO.

Por lo tanto, le exigimos al Estado y a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que consideren la gravedad de lo que está sucediendo cotidianamente con los niños y niñas en las calles de nuestra ciudad.

Desde la conformación de esta Asamblea hemos sido y SOMOS TESTIGOS de:

1 - Detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle.

2 – Que la policía oculta la mayoría de las detenciones sin dar notificación a los defensores de menores y jueces de garantías de turno, lo que impide el debido control de la justicia.

3- Que las detenciones son acompañadas por torturas de toda clase: golpes, apremios, insultos y vejaciones.

4 – Que los niños son encerrados junto con adultos, esposados, y por un tiempo mayor al permitido para la detención de adultos (12 horas).

5 – Que no se les permite a los niños el derecho a llamar a personas de su confianza, es decir, que se los mantiene incomunicados.

6 – Que los niños y niñas de los barrios del distrito sufren la misma gravedad en cuanto a persecuciones, detenciones ilegales y torturas por parte de la policía, según constatan las organizaciones que componen esta Asamblea. Convirtiéndose estos en crímenes aún más silenciados e invisibilizados por los medios de comunicación y el poder político.

7 – Que, como es de público conocimiento, los niños y niñas pobres son utilizados por redes delictivas policiales, para cometer delitos a cambio de dinero o el suministro de drogas. Y que cuando ellos/as quieren salir de ese círculo o no aceptan ingresar en él, son amenazados, golpeados, asesinados o desaparecidos, como sucedió con Luciano Arruga en Lomas del Mirador.

Por todo esto, denunciamos que los casos de violencia institucional contra la niñez no son casos excepcionales de policías deschavetados. Sino que se trata de un sistema complejo organizado y sostenido necesariamente sobre la violencia selectiva, la perpetuidad de la criminalización y la aniquilación de la infancia en situación de pobreza.

En la calle, la policía persigue a los niños y niñas y les prenden fuego o mojan sus colchones y frazadas de manera injustificada por el sólo hecho de estar desamparados en situación de calle.

ESTOS NIÑOS NO TIENEN VIVIENDA, ALIMENTACIÓN ADECUADA, ACCESO A LA SALUD, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, entre otros derechos VULNERADOS.

Garantizar estos derechos es responsabilidad del Estado. Es por esto que la omisión de los funcionarios es abandono y complicidad.

Lo que está sucediendo en las calles y los barrios de La Plata es responsabilidad de las instituciones estatales, tanto la implementación de la Ley 13.298 de “Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños”, por parte de la Dirección de Niñez de la Municipalidad de La Plata y el Servicio Zonal de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, cuanto el control de las prácticas policiales por parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, bajo directa responsabilidad del gobernador Daniel Scioli.

Exigimos el cumplimiento de la normativa vigente.

Ningún Pibe Nace Chorro.

Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez

Contactos

Carola Bianco: 0221-155636596

Lola Castellanos: 0221-155050804.

[6Menor = menos derechos

Thursday, 04 de March de 2010

Se repiten los hechos de violencia contra menores que se encuentran en conflicto con la ley penal.

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situación de violación de los derechos de los niños alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), en la comisaría de Fray Luis Beltrán y en el Centro de Atención Transitoria (CAT).

Algunos jóvenes de distintos sectores contaron, en la sala de visita, que estando esposados fueron golpeados por personal del servicio penitenciario, mostrando las marcas visibles en la espalda, también tenían golpes en la cabeza.

Paradójicamente en las instituciones que deberían garantizar los derechos de los chicos se vive una situación lamentable, las condiciones para la contención y la llamada "resocialización" no parecen ser las óptimas: la falta de higiene, el taponamiento de las cloacas donde sobrenada la materia fecal, la presencia de ratas, paredes impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo, son ilustrativas de las condiciones en que se encuentra el IRAR.

En la denuncia presentada por la CTC, se relatan algunas demandas de niños alojados: "Somos personas que necesitamos de alguien que se ocupe de nosotros, charlando, jugando a la pelota, haciendo algún trabajo, aprendiendo algún oficio, leyendo un libro. Colocar en las habitaciones baños porque en las horas que permanecen encerrados tienen que hacer sus necesidades en una bandeja o en una botella. Efectuar profunda limpieza de las cañerías, porque el agua se estanca y se pudre y el olor es intolerable. Cabe aclarar que en el mismo sector se sirven los alimentos. Estar siempre en el mismo espacio físico sin hacer nada es como estar abandonado".

Mientras el IRAR está superpoblado, el Hogar Granja Casa Joven, tiene solamente ocho chicos alojados y se encuentra en total estado de abandono, muestra clara de la falta de implementación de políticas públicas.

Por los institutos santafesinos de menores pasan casi 3 mil chicos que padecen esta situación, de los cuales el 26 por ciento sufre el sistema de puertas cerradas.