En un completo informe, la Fundación ANIDE, en alianza con la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), gracias al auspicio de Kindernothilfe, y con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamiento con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamientos a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos diez años, y que serán presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación ANIDE y la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), y gracias al auspicio de Kindernothilfe y Save the Children.

 El Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.
Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Existen innumerables casos documentados entre el año 2001 y 2011, por diversas organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones graves a los derechos de la niñez mapuche, como consecuencia de violencia innecesaria, desmedida y brutal, ejercida por las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, y por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a niños, niñas y adolescentes mapuche en sus comunidades, escuelas y espacios públicos, con sus consecuentes secuelas físicas y psicológicas.

No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y éste no ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales, ni ha generado sistemas de protección frente a la tortura, como acciones mínimas de gran urgencia. Esto ha favorecido que la situación de violencia institucional se mantenga inalterable por más de 10 años.

Múltiples informes y declaraciones de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales mapuche y chilenas, así como las organizaciones solicitantes de la Audiencia en la CIDH, han constatado que los procedimientos policiales no garantizan ni resguardan la integridad de los niños, las niñas ni adolescentes en sus contextos comunitarios ni escolares. Por el contrario, éstos son objeto de violencia desmedida y acciones policíacas no reguladas ni enmarcadas en el debido proceso.

El Informe se nutre además, por una serie de testimonios de dos comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, en Chile. Aquí se incluyen relatos y denuncias de niños, niñas y adolescentes mapuche, sus familias y autoridades tradicionales mapuche, que hablan de sus experiencias particulares y los recursos propios de sobrevivencia y resistencia de sus comunidades.

Los niños, niñas y adolescentes mapuche ponen énfasis en la brutalidad de las acciones policiales. Todos ellos han sido víctimas y/o testigos directos de violencia policial en sus propias comunidades y escuelas.

“… tenía 13 años le vinieron a pegar en la casa, le quebraron la culata de la escopeta aquí en la frente, ahora lo último este año, tampoco no lo dejaron estudiar, lo fueron a buscar en el liceo y ahí lo tienen no más, preso. No hay ni una prueba, no hay ni una prueba y lo tienen ahí. Casi le fracturaron aquí la mandíbula. Le pisaron la cabeza, todo raspillado, lo arrastraron todo aquí. Eso es lo que hacen los policías”, se lee en uno de los casos expuestos en el informe.

 Otro elemento preocupante es el desconocimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos de adolescentes y jóvenes privados de libertad, por parte del sistema de justicia, en particular lo relativo a la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a personas menores de 18 años.

La ilegal e ilegítima aplicación de la Ley Antiterrorista

 El Estado Chileno celebró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente [1], que significó el reconocimiento, después de casi 20 años de firmar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial.

 Sin embargo, desde el año 2008, la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años. A la luz de la anteriormente mencionada Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la aplicación de la Ley Antiterrorista no sólo sería contradictoria legalmente, sino que además contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño [2].

Cabe recordar que después de la prolongada huelga de hambre que sostuvieran 34 comuneros mapuche el año 2010, entre los cuales se encontraban dos imputados por Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) por supuestos delitos que habrían cometido siendo personas menores de 18 años, el Poder Legislativo modificó la Ley Antiterrorista excluyendo su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años.

Sin embargo, el Ministerio Público ha insistido en la invocación de esta legislación de excepción en casos de personas menores de 18 años, haciendo caso omiso de la legislación vigente.

 Así, el Informe que será presentado a la CIDH, da cuenta de un patrón común de violencia institucional caracterizado por la criminalización de la protesta social mapuche, el empobrecimiento de las comunidades y la persecución persistente a niños, niñas y adolescentes mapuche [3].

Audiencia temática en la CIDH y Petitorio

A la audiencia ante la CIDH, que se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en período ordinario de sesiones Nº 141 en Washington DC, concurrirán Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile ; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE ; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE.

Los objetivos para la solicitud de esta audiencia temática son :

1) Poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

2) Solicitar el arbitrio de las medidas necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ; y la implementación de políticas públicas acordes para hacer efectivos los derechos contemplados por dicho sistema, ya que las condiciones que padecen los niños, niñas y adolescentes indígenas, en particular pertenecientes al pueblo mapuche, son violatorias de diferentes derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las instituciones que solicitaron la audiencia en la CIDH plantean una serie de peticiones para el Estado de Chile, como cambios de normativas internas que garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos de las fuerzas policiales ; la existencia de mecanismos transparentes para la vigilancia y monitoreo de estos procedimientos ; la creación urgente de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos degradantes ; la tramitación en el Congreso de una moción que indique la total exclusión de la aplicación de la Ley Antiterrorista a personas menores de18 años ; que se generen mecanismos de capacitación en enfoque de derechos para todos los funcionarios públicos del país ; y que el Estado genere, en conjunto con la sociedad civil, y con la participación activa de los niños y las niñas, una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez.

Por su parte, las comunidades mapuche consultadas tienen entre su petitorio la restitución de los territorios ancestrales, el respeto al Convenio 169 de la OIT, el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche y la liberación de sus presos políticos, así como el retiro de las fuerzas policiales y de las empresas forestales de sus comunidades, la implementación de políticas que permitan superar la pobreza.

(imagen : Detención de mapuche en Temuko. Foto de Pablo Díaz)

Represión en todo el Gulumapu

Hacia un estado policial

La “agenda antidelincuencia” del gobierno chileno plantea reponer la “detención por sospecha” con otro nombre, ampliando los plazos de detención y verificando la identidad de los sospechosos. Es parte de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, pero las medidas van mucho más allá y apuntan también al Pueblo Mapuche. Una radiografía a la militarización del Gulumapu.

Por Arnaldo Pérez-Guerra / Azkintuwe Nº2

En los últimos meses han quedado en evidencia “montajes policiales” y detenciones de ex presos políticos bajo cargos completamente falsos.

Más de 400 mapuches se encuentran procesados por tribunales civiles y Fiscalías por su participación en movilizaciones.

Diputados de la Concertación patrocinan un proyecto que significará, en la práctica, la reposición de la detención por sospecha y que aumentará las horas que una persona puede permanecer retenida en un cuartel policial. Jorge Burgos (DC) es el autor de la iniciativa que cuenta con el apoyo de Patricio Walker, Eduardo Saffirio, Edgardo Riveros, Antonio Leal, Zarko Luksic, Pedro Araya, Francisco Encina y Patricio Hales. Según Burgos, “la propuesta sólo busca aumentar el rigor y las facultades de la policía para combatir con mayor eficiencia y rapidez la delincuencia”. En virtud de esta disposición, las policías podrán allanar “sin orden previa” e incluso intervenir y allanar domicilios cuando exista “evidencia” de delitos.

La derecha es la principal impulsora de la « Agenda Antidelincuencia », que cuenta como aliados a sectores del « Partido Por la Democracia » (PPD) y el « Partido Socialista » (PS), además de prácticamente la totalidad de la « Democracia Cristiana » (DC). Una de las propuestas de la UDI es focalizar la lucha en las poblaciones, creando “zonas de emergencia policial”, incluso se ha llegado a hablar de “toques de queda” o “colocar fotografías de delincuentes” en sitios públicos, además de aumentar las penas y construir “cárceles privadas”. Para ello, tanto la oposición como el gobierno se escudan en encuestas y estadísticas que señalan un aumento peligroso de los índices de “inseguridad”. Sembrar el miedo es la estrategia del poder para implementar un “Estado policial” dirigido a terminar no con la delincuencia, sino con cualquier intento de desestabilización del modelo y con las crecientes movilizaciones mapuches, sindicales y estudiantiles.

En la jugada, el gobierno intenta aprobar que retorne el control de Carabineros e Investigaciones al Ministerio de Interior. Otros proyectos -de interés tanto para el gobierno como para la derecha- son “aumentar las penas por narcotráfico, rebajar la responsabilidad penal juvenil, tipificar el lavado de dinero, creación de la ANI, creación de secretarías regionales de seguridad ciudadana, y aumentar las penas para quienes atenten contra policías”. Nada de modificar las atribuciones de las Fiscalías Militares para juzgar a civiles bajo leyes especiales. O la propia Ley Antiterrorista, que hoy se aplica a mapuches y estudiantes sin mayores cuestionamientos.

En los últimos meses han quedado en evidencia “montajes policiales” y detenciones de ex presos políticos -Manuel Saavedra, Marcelo Dote López y Juan Aliste Vega-, acusados en virtud de esas leyes bajo cargos completamente falsos. Lo propio ocurrió con tres estudiantes y un dirigente sindical, acusados de portar una bomba, y que luego de 5 y 13 días detenidos fueron puestos en libertad. Dotar de más poder a las policías sólo implicará más represión, no precisamente para delincuentes o narcotraficantes. Un ejemplo claro lo constituye la zona sur del país, donde el “Estado policial” ya se instaló y es aplicado con rigor contra los miembros del movimiento mapuche (ver nota aparte).

La creación de la « Agencia Nacional de Inteligencia » (ANI) completará el cuadro : “un organismo público centralizado, de carácter técnico y especializado, dependiente del Ministerio de Interior”, cuyo objetivo será “producir inteligencia ... para la toma de decisiones y principalmente ejercer las atribuciones correspondientes, en materia de terrorismo, criminalidad transnacional organizada y contrainteligencia”. La ANI “elaborará informes periódicos, de carácter secreto ... además requerirá de los estamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Seguridad Pública, así como de Gendarmería, la información del ámbito de la entidad y la residual que tuvieran conocimiento”.

Su creación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que fue destacado por el ministro Insulza como una muestra de “unidad nacional”. Podrá emplear las fuerzas de Carabineros e Investigaciones, “en el marco de las leyes como las que combaten el terrorismo y el narcotráfico ... dentro de los procedimientos para obtener información : intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de correspondencia y de sistemas y redes informáticos ; la escucha y grabación electrónica, y la obtención de antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario”, entre otras.

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El año pasado, la apertura a la prensa de la discusión sobre la inminente creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) -luego del fallido intento de aprobar el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI)-, rompió la habitual reserva sobre el tema. La iniciativa plantea incorporar a las Fueras Armadas (FF.AA.) a las tareas de “inteligencia política”, bajo supervisión del gobierno civil. Hasta hoy, las labores de inteligencia que realizan las FF.AA. y, principalmente el Ejército a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), no poseen ningún control “civil”. La connivencia entre los gobiernos de la Concertación y las Fuerzas Armadas durante la “transición a la democracia”, no llama la atención. La transición precisamente consiste en mantener con pequeños remozamientos el statu quo de la era militar en el objetivo común de perpetuar la institucionalidad y el modelo económico bajo férreo control impidiendo cualquier expresión de descontento popular. La ANI y el posible Ministerio de Seguridad son parte del objetivo estratégico de las clases dominantes y su expresión política.

Las “coincidencias” entre los políticos del sistema y el mundo militar se han manifestado desde antes del inicio de la “transición” y, principalmente, durante el gobierno de Patricio Aylwin en temas como la “seguridad ciudadana”, el “control represivo-selectivo”, el “Estado policial” y el “exterminio de la subversión”. Se exacerba en el imaginario un cuestionable aumento de la delincuencia, lo que va de la mano con reprimir intentos de articulación de grupos estudiantiles o poblacionales, y principalmente las organizaciones y comunidades mapuches en las zonas en conflicto. Incluso, las fuerzas policiales han desalojado hogares universitarios mapuches, reprimiendo actos o tocatas musicales organizadas en defensa de la lucha mapuche por sus tierras.

El Presidente de la República, Ricardo Lagos, concretará el abortado intento de crear un organismo de inteligencia cívico-militar presentado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en enero de 1997, tras la fuga de cuatro (4) militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de la Cárcel de Alta Seguridad. El proyecto del Presidente Eduardo Frei no prosperó por los “ruidos” que creó la detención de Augusto Pinochet en Londres y su petición de extradición por España. Según trascendidos de prensa, los principales objetivos de la ANI serán : “coordinar las direcciones de inteligencia que ya existen (...) Regular el intercambio de información que éstas generan (...) Asesorar directamente al jefe de Estado respecto a los mecanismos de seguridad que debe tener el país en materias políticas, económicas y militares, tanto dentro como fuera del país”. Se inaugurará una nueva colaboración cívico-militar, abocada hoy a crear la legalidad necesaria para prevenir y/o reprimir cualquier expresión de descontento popular, siguiendo las directrices norteamericanas.

Las tareas de inteligencia “democráticas” se comenzaron a desarrollar desde 1990, pero la creación formal del « Consejo de Seguridad Pública » data del 23 de octubre de 1991. Sus primeros directores fueron : Mario Fernández (DC), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Schilling (PS). La “Oficina” -como fue conocida por la prensa y la ciudadanía-, dispuso de la información residual de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de herramientas operativas y legales que le permitieron, en definitiva, orientarse hacia los objetivos definidos por el ministerio de Interior, presidido entonces por Enrique Krauss : “Dislocación y exterminio del complejo Mapu-Lautaro en sus tres estructuras Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), Fuerzas rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), y MAPU-Lautaro ; desarticulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y trabajo hacia el Partido Comunista (PC)”.

 Para cumplir con los objetivos, que incluyeron la desarticulación del MIR EGP-PL, la Oficina diseñó, planificó y participó en operaciones y montajes, inaugurando una nueva “guerra sucia”, que incluyó la muerte de una treintena de militantes del Lautaro y el FPMR, y la detención de la mayoría de sus dirigentes. Para esos fines se utilizó la delación, infiltración y contratación de “informantes”. Los escándalos de la “Oficina” obligaron al poder político a aprobar la Ley 19.212 (1993), que creó la Dirección de Seguridad e Informaciones, bajo el mando de Isidro Solís (PRSD), funcionario de Gendarmería y hombre de confianza de Belisario Velasco, en ese momento subsecretario de Interior.

En 1995 se produjo un giro en las políticas de inteligencia. Los presos políticos fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y se habló del fin de la “transición y la subversión”. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Dirección de Seguridad pasó a llamarse Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). Mario Papi (PRSD) asumió la jefatura y volcó sus objetivos a “privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas, enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos entre otros”.

En el gobierno de Ricardo Lagos, los socialistas volvieron a la cabeza de la DISPI. Gustavo Villalobos (PS), abogado y ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad fue nominado en su dirección. Se comprometió a “no utilizar” la información que conoció por su “antiguo cargo”. Desarticulada la “subversión”, la nueva labor de inteligencia civil se abocó a “la búsqueda y procesamiento de datos relacionados con los actores sociales populares”. A la cabeza del departamento encargado se nombró a Luis Marcó, uno de los principales articuladores de las políticas de “seguridad ciudadana”. La campaña “antisubversiva y antiterrorista” de los primeros años de la Concertación, se desarrolló paralelamente con el reforzamiento de la “seguridad ciudadana” y contó con la legislación represiva heredada : « ley de Detención por Sospecha », « Control de Armas y Explosivos », « Antiterrorista », « Seguridad Interior del Estado », y la aprobación de nuevas leyes que facilitaron las tareas de inteligencia, como la « ley de Delación Compensada ».

El traspaso de la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa al de Interior no significará una “democratización” de las fuerzas represivas, que operan en sentido contrario : crecimiento numérico, impunidad, más recursos, aplicación de planes norteamericanos, etcétera. El sistema represivo-preventivo de los organismos de inteligencia, la “globalización” de la represión y la especialización y militarización de las policías pone de manifiesto la tradición autoritaria de las clases dominantes y el férreo control sobre la sociedad, control que se mantiene a través del modelo económico, reforzado por los medios de comunicación y la propia “seguridad ciudadana”.

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 En la Zona Mapuche, más de 400 personas se encuentran procesadas por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos políticos en la VIII y IX regiones. Más de diez (10) ministros especiales y cinco (5) Fiscalías Militares se han encargado de investigar “hechos de violencia” -desde fines de 1997- producidos en el sur del país en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches con empresas forestales y las fuerzas de ocupación policial. Decenas de dirigentes y comuneros mapuches se encuentran sometidos a proceso, en la mayoría de los casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista. Por las cárceles, han pasado más de un centenar de mapuches que han debido enfrentar el nuevo Sistema Procesal Penal.

La represión directa se ha expresado no sólo en procesamientos, encarcelamientos, asesinatos y persecución : a ello se suma el control y hostigamiento de las policías en las zonas de conflicto : “a través de allanamientos, controles en caminos y sobrevuelos. En la actualidad, las comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar, hostigar y desmovilizar. (...) personas, familias y comunidades permanentemente vigiladas y controladas por la policía civil y uniformada, situación derivada de las investigaciones que llevan a cabo los servicios de inteligencia chilenos”, señala un Informe de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche (COMAPU). “Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a sus dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro se han registrado al interior de territorio mapuche”, lo que ha sido denunciado por organizaciones mapuches, eclesiásticas e incluso académicas, como el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO).

Antiguas denuncias de torturas por parte de la policía han vuelto a reflotar en el último semestre. El 13 de agosto pasado, la Corte de Inmigración de Londres, Inglaterra, acogió una petición de “asilo político” a favor de un ex carabinero chileno que ha sido declarado “desertor”, quien denuncia actos de corrupción y torturas en contra de comuneros mapuches por parte de su ex institución. El cabo Julio Pino Ubilla podría enfrentar una condena de 20 años de regresar a Chile y ser juzgado por una Corte Marcial. Julio Pino “desertó” a fines de 2002, viajando a Inglaterra con visa de turista. Huyó por temor a ser asesinado, ya que recibió “amenazas de muerte” por parte de sus superiores, quienes lo trataron de “comunista” por oponerse a malos tratos y violencia innecesaria que ejercían oficiales -con conocimiento de sus mandos- tanto hacia las tropas como a los civiles detenidos, entre ellos numerosos comuneros mapuches.

En su presentación a la Corte de Inmigración de Londres, el ex policía relata una serie de abusos a los que son sometidos la suboficialidad, y malos tratos y torturas, conductas contrarias a los tratados de derechos humanos firmados por Chile, en que incurren normalmente miembros de la institución en contra de jóvenes de bajos ingresos, minorías sexuales, inmigrantes y comuneros mapuches. El ex cabo denuncia la nula voluntad de las autoridades para frenar estas irregularidades : “No están dispuestos o son incapaces de proporcionar protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que se siguen realizando en democracia”. Sostiene que al manifestar su oposición a los malos tratos que presenció o tuvo conocimiento, fue sometido por sus superiores a “hostigamientos y abusos”, incluida “tortura sicológica y reiteradas amenazas de muerte”.

Según el « Alto Mando de Carabineros » : “Ninguno de los ex funcionarios denunció en instancia alguna del país, como tampoco en Carabineros, los hechos que ahora habrían expuesto ante organismos de inmigración de Inglaterra para obtener la calidad de asilados y la visa de residencia en ese país”. La justicia de inmigración inglesa tiene en sus manos la petición de “asilo político” efectuada por Myriam Solís Fernández, cónyuge del ex carabinero y que también se desempeñaba como funcionaria de la institución.

La resolución de la Corte inglesa sostiene que la policía chilena puede ser categorizada como “agente de la persecución”, y que no existe “protección legal para quienes son víctimas de abusos a los derechos humanos practicados por la policía”. Agrega : “No hay buena voluntad para detectar, procesar y castigar”, “la policía tiene impunidad” para cometer este tipo de abusos, afirmación que se complemente con informes del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura (1995), de Amnistía Internacional (2002, 2003), e incluso un Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU. (2001) : “Observo del informe del Departamento de Estado de los EE.UU. que en 1995 y 1996 la Corporación de Asistencia Judicial recibió 195 acusaciones de maltrato por parte de policías al momento de la detención. En 1997, eran 400 ; 815, en 1998 ; 1.179, en 1999 ; y 1.074, el 2000. Las causas por violencia policial fueron generalmente archivadas o enviadas a una corte militar”, añade el texto.

El ex carabinero denuncia en 38 páginas abusos cometidos por efectivos policiales en contra de grupos sociales, homosexuales, jóvenes de bajos recursos y principalmente mapuches. Relata en detalle las técnicas de tortura que aplica hoy la policía uniformada. Sobre los malos tratos a mapuches, señala : “por lo general son policías que llevan de Santiago al sur, porque los policías del sector se oponen a castigar a los mapuches ya que ellos mismos viven en el lugar y comparten con ellos. Además, la gran mayoría es discriminada por oficiales racistas y, muchas veces, trasladados lejos del hogar”.

El texto presentado a la Corte recuerda un caso emblemático : “Un día escuché cómo comentaban de la tortura que sufrieron 7 mapuches de Truf Truf, comuna de Padre Las Casas. Habían viajado desde Santiago exclusivamente para hacer ese trabajo. Era un grupo de 12 funcionarios, entre ellos varios oficiales, los cuales se presentaron en los domicilios de Juan Coliñir, Alberto y Ruperto Coliñir Painemil, Bernardino Parra Mela, Manuel Parra Catrilaf, Juan y Aurelio Catrilaf Parra. La excusa era ejecutar una orden judicial, la cual era sólo para 3 personas y no 7. Ingresaron violentamente a los hogares de estas personas, sacándolas prácticamente desnudas, los golpearon a la vista de sus mujeres e hijos”.

El caso de los comuneros torturados de Truf Truf fue ampliamente difundido en 1999. Se trataba de uno de los primeros casos que dejaba en evidencia el uso de instalaciones policiales para aplicar la tortura en contra de militantes mapuches. Según indican los testimonios de los propios afectados, durante su detención fueron violentamente golpeados e interrogados acerca de su participación en las movilizaciones y ocupaciones de tierras desarrolladas el 1 de diciembre en la zona por la organización "Ayllarehue Wenteche de Truf Truf".

Varios de ellos, como los hermanos Alberto y Ruperto Coliñir Painemal además denunciaron haber sido sometidos de manera sistemática a sesiones de tortura durante gran parte de su período de reclusión, incluyendo golpes en diversas partes del cuerpo y la aplicación del denominado "submarino seco" (introducir la cabeza del detenido en una bolsa hasta provocar su ahogo). Tres días más tarde, de los siete campesinos mapuches detenidos arbitrariamente cuatro fueron dejados en libertad sin cargos después de permanecer en régimen de incomunicación y antes de comparecer ante el juez del tribunal respectivo como lo estipula la ley. Si bien a los pocos días de ocurridos los hechos los dirigentes de las comunidades afectadas por los allanamientos presentaron ante la Fiscalía Militar de Temuco una querella por los delitos de “robo, violencia innecesaria, tortura y otros tratos crueles y degradantes”, hasta la fecha ningún policía ha sido puesto a disposición de la justicia / Azkintuwe

(22 de marzo de 2011)